México necesita mayor y mejor seguridad, “pero no a cualquier costo y no de cualquier tipo”, advirtió el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
Ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el ombudsman nacional, advirtió que por graves y apremiantes que sean las circunstancias, no se puede renunciar a la institucionalidad civil y democrática, alertó que expandir la esfera de influencia de las Fuerzas Armadas a la seguridad pública y concederles potestad, como se ha llegado a anunciar, “para que asuman tareas de desarrolladores inmobiliarios, constructores de obra pública, así como adquirir bienes y contratar servicios aún en estos ámbitos, bajo el mando de reserva y transparencia limitada inherente a las cuestiones de seguridad nacional, es una apuesta riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil”.
Ante senadores y diputados federales, González Pérez, dijo que al otorgarle poder económico a las Fuerzas Armadas, se afianza su poder político.
Dejó en claro que la propuesta de reforma a la Guardia Nacional, aún con el mandato civil administrativo que se ha planteado, continúa siendo “una respuesta parcial, incompleta y sesgada”, lo que representa una apuesta riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil.
A los legisladores, les hizo un llamado a generar un entorno donde se respete el derecho a disentir y se eviten discursos de odio que polaricen y dividan a la sociedad mexicana.
“El ejercicio de la conciencia crítica, frente a las decisiones de gobierno debe dar pauta, al debate plural e informado. Nuestro país no está en una lucha épica de malos contra buenos, de patriotas contra traidores. Cada acto de violencia, persona que desaparece o pierde la vida, implica agresiones de mexicanos contra mexicanos”, declaró.
Dejó en claro que la CNDH es una institución del estado independiente de gobiernos, partidos, intereses políticos, o de cualquier otra índole.
Como parte de su informe, dio a conocer que durante el 2018 se presentaron 377 mil 579 personas ante la CNDH.
De ellas se tuvieron 44 mil 274 escritos de los cuales derivaron en apertura de 25 mil 889 expedientes, de los cuales resultaron en 77 mil 404 personas agraviadas.
Entre las dependencias con mayores quejas están el IMSS con 2 mil 532, ISSSTE con mil 215, SEP con 746, INM con 587, SEDENA con 382, PGR con 375, Policía Federal con 356, SEDESOL con 311, Marina con 284 y el Infonavit con 212.
Mientras que los gobiernos de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Tamaulipas y Coahuila, son los que presentaron el mayor número de quejas y observaciones en 2018.
jhs