La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió hoy a las autoridades venezolanas a garantizar el derecho a la protesta y a la manifestación pública, ante las movilizaciones que se llevan a cabo este miércoles en el país sudamericano.
“Las manifestaciones y protestas en reclamo de democracia y la satisfacción de necesidades básicas de la población, constituyen un ejercicio legítimo de derechos”, indicó el organismo en un comunicado emitido este miércoles, cuando tanto el oficialismo como la oposición realizan protestas masivas.
La CIDH llamó al Estado a “abstenerse de cualquier acción que restrinja el ejercicio de la libertad de expresión”.
Tras señalar que desde el 10 de enero pasado, día en que Nicolás Maduro asumió un segundo mandato presidencial en Venezuela, el organismo permanece atento a la crisis política y social en el país que “ha cobrado nuevas dimensiones”.
“La represión de la protesta social mediante el uso excesivo de la fuerza, así como el bloqueo o suspensión de sitios web, plataformas y aplicaciones de Internet pueden conllevar a graves violaciones al derecho a la vida e integridad personal y constituir serias restricciones a la libertad de asociación, el derecho a la manifestación pública y a la libertad de expresión”, advirtió.
La CIDH reiteró su llamado al “Estado a garantizar que las movilizaciones sociales que se realicen en ejercicio del derecho de reunión y manifestación pacífica, se protejan los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal de todos y todas quienes se manifiestan, en especial de niños, niñas y adolescentes”.
Recordó que en reiteradas ocasiones ha emplazado a las autoridades a abstenerse de hace uso de la fuerza, en especial de utilizar armas letales y cuerpos militares para dispersar a los manifestantes.
Consideró que el Estado venezolano “debe prohibir y sancionar la actuación de miembros de colectivos civiles armados”.
Advirtió que la CIDH continuará monitoreando la situación de los derechos humanos en Venezuela y reiteró al Estado la solicitud de anuencia para realizar una visita de inmediato.
La CIDH recordó que el 10 de enero pasado Maduro juró un nuevo mandato luego de ser proclamado “en elecciones realizadas sin las mínimas garantías para ser consideradas libres y justas”.
Unas elecciones “declaradas carentes de legitimidad” por la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y el Grupo de Lima.
Al hacer un recuento de los principales acontecimientos político registrados este año, indicó que Maduro tomó posesión en la sede el Tribunal Superior de Justicia y no en la Asamblea Nacional (AN) como lo establece la Constitución Política nacional.
La AN se declaró en emergencia ante lo que consideró una usurpación del cargo de Presidente de la República, y realizó un llamado a la restitución de la constitucionalidad.
El 13 de enero pasado, el presidente de la AN, Juan Guaidó, fue detenido y luego liberado por agentes del Servicio de Inteligencia Bolivariano, en lo que fue calificado por funcionarios del gobierno como un procedimiento “irregular”, señaló la CIDH.
jhs