El Gobierno de México tuvo oportunidad de abrir un proceso de licitación para la adquisición, en total, de 707 pipas que ayudarán a distribuir gasolina, de haberse considerado desde la implementación del plan de combate al robo de combustibles, iniciado el 27 de diciembre pasado, coincidieron especialistas en transparencia y anticorrupción, entrevistados por 24 HORAS.
Mediante adjudicación directa, la administración de Andrés Manuel López Obrador, ya firmó contratos con las empresas Navistar Mexico SA DE CV, Trayfler SA DE CV., Fruehauf y Detroit Diesel Allison/Daimler 81, para conseguir 571 unidades bajo el argumento de que urgía dicha adquisición, y cuyo proceso de compra se detallará hoy en una conferencia de prensa.
“Un proceso de licitación a veces es tardado, más si es internacional, pero si se hubiese lanzado, ya estaríamos por cerrarlo”, consideró Pablo Montes, coordinador Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El especialista consideró erróneo el que solamente se haya contado con un observador interno, en este caso la secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval, pero no con un observador externo.
“(La adjudicación) es legal, cuando hacemos licitaciones indicamos que el Gobierno va a recibir de mejor calidad y menor precio, cuando adjudicamos no estamos dando los incentivos, y muy probablemente estamos contratando a menor calidad y mayor precio, en un contexto de austeridad como el de este Gobierno la planeación y la transparencia se vuelven fundamental”, agregó.
Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), estimó que el proceso pudo considerarse, dado que para marzo podría haberse cerrado.
“Se defienden en el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, donde dice que si no licitas se tiene que tratar de causa de fuerza mayor o eventos fortuitos, y normalmente se trata de desastres naturales, o que la regaste en grande y se requiere una acción de emergencia; es una decisión para combatir un crimen, pero no queda claro si se trata realmente de una emergencia”.
Además, criticó el que el Gobierno no analice cuánto le costará pagar a largo plazo la distribución por pipas, pues se supone que debe costar menos que los 65 mil millones que estiman, se pierden por el huachicoleo.
Aunado a ello, no se ha aclarado de dónde salieron los 85 millones de dólares que costaron las pipas, si de Petróleos Mexicanos (Pemex) o la Secretaría de la Defensa Nacional.
24 HORAS consultó con el área de comunicación de Pemex si ellos habían erogado parte de su presupuesto para la adquisición, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta.
Sin prospectiva
EL Gobierno no está considerando el salario de los dos mil choferes que operarán las pipas, los costos de traslado y las pérdidas por el subsidio aplicado a la gasolina desde enero, dijo Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos contra la Corrupción.
LEG