El Gobierno está enviando señales cruzadas a los mexicanos.

Todos compartimos su lucha contra la corrupción y la delincuencia, organizada o no, pero en los hechos pareciera que el Gobierno está por lo menos confundido.

Por una parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer en Hidalgo que las personas que se dedican a robar gasolina “no serán criminalizadas’’, lo que, de entrada, parece una patente para que lo sigan haciendo.

Sabemos que la intención del Gobierno federal es atender las necesidades de los 92 municipios que se ubican a lo largo de los ductos de Pemex en diferentes estados, pero ni eso le garantizan a él ni a la sociedad que esas prácticas dejen de existir.

El incentivo que ofrece el Gobierno es no perseguirlos y, además, ofrecerles el pago de ocho mil pesos por familia si se adhieren a los programas sociales federales a cambio de que no roben gasolina.

Alguien –desconozco al autor- publicó que pagar a los habitantes de cierta población para que no roben combustible era equivalente a que el Gobierno pagará derecho de piso para que lo dejaran trabajar.

Hasta que no haya una decisión gubernamental de sancionar penalmente a quienes se dedican a esta actividad, no dejarán de ocurrir “pinchazos’’ y uno que otro Tlahuelilpan.

Del otro lado está la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien reconoce la grave afectación que ha causado al país el bloqueo de las vías férreas en Michoacán por parte de la CNTE, pero ratifica que los maestros “no serán reprimidos’’.

Es decir, el Gobierno prefiere asumir el costo económico y social del desabasto de combustibles y víveres en algunas regiones del país antes de utilizar a la fuerza pública para desalojar estas importantes vías de comunicación.

El Gobierno ya ofreció mil millones de pesos para pagar salarios y prestaciones de los maestros michoacanos, pero éstos rechazaron la oferta porque, dicen, deben atenderse sus demandas sociales y políticas, como la realización de una auditoría a la Secretaría de Educación estatal.

No se moverán; por el contrario, anunciaron que reforzarán las barricadas en las próximas horas.

Y aunque la secretaria Sánchez Cordero dijo que si se agota el diálogo “habrá más diálogo’’, al final todo se resolverá con más prebendas y menos ley.
¿Entonces?
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Como que al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, le quedó el gusanito por las áreas de Inteligencia en el Gobierno federal, a las que estuvo ligado antes de convertirse al morenismo.

Bueno, pues el poblano anunció la creación de un Área de Inteligencia Energética, de la mano de CFEnergía, CFEinternacional y empresas filiales “que colocarán a México en la lista de países que consideran a los energéticos como parte indispensable para el desarrollo nacional’’.

La CFE informó que la creación de esta área “será fundamental para hacer un análisis global de costos y no realizar compras improvisadas, sino estrategias de adquisición de combustibles’’.

Ya dijo, ¿eh?
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En la Cámara de Diputados apareció otro hidalguense “quemado’’, pero no por el huachicol, sino por sus papelones.

Se trata del diputado federal de Morena acusado del homicidio de un taxista en un accidente vehicular, Cipriano Charrez Pedraza, quien ofreció una conferencia para asegurar que es víctima de una persecución política.

Bueno, hasta llevó a su chofer, de nombre Hermenegildo Marcos, para que aceptara públicamente que iba manejando la camioneta del legislador en el momento del percance.

Nomás que la Procuraduría del Estado de Hidalgo acreditó, con videos y otros testimonios, que el conductor era Charrez.