En los albores de la campaña por la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador aseguró que varias políticas de su gobierno en materia de combate a la corrupción y derechos humanos serían acompañadas por la Organización de las Naciones Unidas. Quizá ya se arrepintió.

La semana pasada, el equipo del mandatario concretó en Estados Unidos la compra de varias pipas que usarán para el plan de abasto de gasolina. Fueron 571 pipas por 85 millones de dólares. El mandatario argumentó que por la premura y la situación de urgencia no se pudo invitar a la ONU.

Y tal vez lo anterior se entienda, dado el apremio de resolver el abasto de combustible. Pero hay otra política pública en la que el Gobierno federal no ha invitado a las Naciones Unidas como se prometió en campaña y, peor aún, parece que no los invitarán.

Se trata del Programa de Mejoramiento Urbano que implementará la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que encabeza el joven secretario Román Meyer.

La dependencia no contempla que este programa -con el que se prevé la intervención de 15 ciudades con graves problemas de marginación urbana- se enriquezca con los aportes de divisiones como ONU Hábitat. Y esto preocupa más si se toma en cuenta que sólo para este año cuenta con un presupuesto de 10 mil millones de pesos.

No sólo se pone en juego el éxito o el fracaso de esta política pública, sino también el manejo transparente y eficiente de los recursos públicos –a cada una de esas ciudades le corresponde algo así como 600 millones de pesos, en promedio– y lo más importante, que su ejercicio no derive en escándalos de corrupción.

Algunos alcaldes de esas 15 ciudades, 10 de la frontera y otras cinco de zonas turísticas, me han confiado que hasta ahora no tienen claro cómo se van a ejercer los millones y tampoco saben cómo va a participar la autoridad local en la definición de las prioridades, necesidades y urgencias de cada uno de los municipios a intervenir.

La Sedatu se encuentra a la espera del diagnóstico de las necesidades de cada una de esas ciudades, y que será elaborado por el Instituto Politécnico Nacional a través de una herramienta que se llama Programas Territoriales Operativos. No se descarta que una vez que se tengan los resultados, las autoridades locales sientan que no se apegan en su totalidad a sus realidades.

La meta es que al terminar el sexenio, 100 ciudades del país sean intervenidas con un presupuesto que rondará los 60 mil millones de pesos. El proyecto es ambicioso, y el deseo sincero es que esto se logre y garantice el éxito de una política tan importante. El Gobierno federal y el Presidente deberían empezar por cumplir la promesa de hacerse acompañar de la ONU.

En el baúl. Una inquietud ronda los pasillos de Palacio Nacional; en el equipo del Presidente han calado duro las conferencias mañaneras de casi dos horas no sólo por el desgaste que éstas le representan al gabinete, sino porque no hay claridad en el mensaje. Por eso ya se recomendó que éstas tengan un cambio drástico en su duración, por supuesto que quien tiene la última palabra es López Obrador, al que, parece, le encantan las comparecencias maratónicas.