La totalidad de las Fuerzas Armadas sería insuficiente para asegurar de manera física todos aquellos tramos de oleoductos que a nivel nacional son vulnerables al saqueo huachicolero.

Peor aun, no todas las tomas clandestinas son detectadas por Pemex. Con independencia de que este martes esa empresa nacional dio a conocer el descubrimiento de un túnel para robo de combustible nada menos que en Azcapotzalco: el huachicoleo está mucho más cerca de lo que lo imaginábamos.

Adicionalmente, según la explicación compartida por el presidente Andrés Manuel López Obrador con los medios de difusión, existen tomas clandestinas en el mar.

El Gobierno federal ha asumido un reto extraordinario en el cual avanzó, en una primera etapa, al manifestar contundencia política al menos en lo que se refiere a diferenciarse de las administraciones encabezadas por el PRI y el PAN ignominiosamente omisas.

Menos se intentó, antes de este sexenio, una decisión que lastimará los intereses de servidores públicos, dirigentes sindicales, proveedores diversos, empresarios aliados y pobladores de todas las clientelas político-partidarias que se han estado dedicando a ese negocio ilícito desde hace dos décadas.
Ante la inmensidad del problema, ampliado por la indisposición del Gobierno federal de disponer de las Fuerzas Armadas en confrontaciones directas con poblaciones captadas en flagrancia y ante la renuencia oficial de situar con claridad a los huachicoleros de todos los cuellos como responsables de delitos federales y, por tanto, de la prisión preventiva ante el robo de hidrocarburo, el Presidente de la República abrió otra herramienta.

Al plantear la probabilidad del uso de marcadores o trazadores, las sustancias químicas que identificarían la procedencia ilícita de un combustible obtenido antes de su venta en una estación distribuidora, el Gobierno federal recupera una idea que fue ignorada por la administración de Enrique Peña Nieto y que hubiera permitido enfrentar al menos de manera parcial el desfalco nacional que no ha concluido.

Ello implica un largo e intenso camino en esta administración por la revisión de diversas estrategias.

Se ha analizado, por supuesto, la coordinación de las Fuerzas Armadas de manera intensiva; se ha discutido el respaldo de drones y equipo aéreo más convencional y nocturno; se ha afirmado que el uso de tecnología y un centro de control desde el Gobierno federal y de Pemex podrían contribuir al control, cuya omisión estaba dirigida a los ladrones durante días o semanas después de conocida la baja presión en los poliductos en saqueo.

La idea de los trazadores es el último grito de moda en las propuestas, recuperada del pasado reciente, que está por pilotear la presente administración.

El otro elemento que tendrá que aparecer en algún momento es el gran parto conceptual, según el cual 57% de la población vive en la economía informal, alguna parte asociada con actividades delictivas.

Ahí aguarda otra incógnita en el camino: ¿hasta cuándo y hasta qué grado podría reivindicarse la acción penal directa y generalizada a la que autoriza la ley y en particular la reforma de 2016 que establece penas sobre robo de hidrocarburos?

@guerrerochipres