Acusa alcalde depredación de inmobiliarias en Iztacalco
En los últimos seis años, en la alcaldía Iztacalco “hubo un movimiento depredador” de grandes construcciones, como centros comerciales, vivienda vertical de hasta 19 pisos y hoteles, en detrimento de diversas colonias, en particular la Agrícola Pantitlán, Agrícola Oriental y Granjas México, informó el alcalde Armando Quintero.
Por ello, anunció que hasta el próximo 28 de febrero mantendrá el cierre de la ventanilla única para solicitudes de construcciones mayores, y exhortó al Congreso local para que modifique las leyes de desarrollo urbano, con el objetivo de frenar la edificación “depredadora” en la demarcación.
Aseguró que habrá castigo penal para los responsables de las construcciones que violen la ley y se revisarán los proyectos en desarrollo, pues ahora deberán sujetarse a las medidas de mitigación (medio ambiente, desarrollo urbano, abasto de agua y vialidades) que impondrá la alcaldía.
También destacó que actualmente existen 80 proyectos en desarrollo dentro de la demarcación, diferentes a la vocación comercial e industrial de la alcaldía, que es la más pequeña de las 16 que conforman la Ciudad de México.
El funcionario aseguró que, por esa razón, al finalizar 2019 se prevén hasta 15 mil habitantes más en Iztacalco, quienes adquirirán una vivienda que se construyó en los últimos seis años de manera irregular y “supuestamente dentro de la legalidad”.
La colonia Agrícola Pantitlán, en los límites de la Ciudad de México con el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl, es una de las comunidades en la alcaldía Iztacalco que ha sufrido una transformación en los últimos años; donde antes había amplios terrenos, ocupados principalmente por fábricas y talleres, ahora se levantan grandes edificios de departamentos, algunos de ellos vendidos con el concepto “de lujo”.
En años pasados, múltiples desarrolladoras inmobiliarias aprovecharon la ahora desaparecida Norma 26 (que impulsaba la creación de vivienda popular a bajo costo a cambio de levantar más pisos de los permitidos por el uso de suelo) para construir grandes edificios de departamentos, cuyo precio oficial era marcado por los parámetros de “interés social”.
Sin embargo, adicional al costo del departamento mismo, las constructoras vendían como un concepto adicional el cajón de estacionamiento y los acabados de la vivienda (piso, pintura, clósets, cocina, entre otros), así como, en su caso, patio en los departamentos de planta baja y roof garden en los del último piso.
De acuerdo a testimonios recabados por 24 HORAS, en el caso de las personas que compraron sus departamentos con un crédito hipotecario, éste cubría el precio de vivienda de interés social avalado por el Gobierno capitalino, mientras que los conceptos extras fueron cubiertos con recursos propios de los compradores.
Exhorto al Congreso
El alcalde también exhortó a los diputados locales “para que asuman que uno de los grandes problemas es modificar las actuales condiciones jurídicas que generaron corrupción y permitieron este desarrollo urbano depredador en beneficio de unos cuantos y en contra de toda la comunidad de la alcaldía”.
Quintero Martínez recordó que desde el 2 de octubre pasado la ventanilla única para permisos de todo tipo de construcciones grandes se mantiene cerrada, y únicamente se otorgan licencias para casa-habitación unifamiliar y remodelaciones.
Expuso que su administración trabaja en las revisiones de las autorizaciones de construcción que se encuentran en desarrollo, a las cuales se impondrán el cumplimiento de las medidas de mitigación, en las cuales, aclaró, no se aceptarán pagos económicos por parte de las inmobiliarias.
… Y desarrolladoras acusan pérdidas por corrupción
Por Julio Gutiérrez
En la Ciudad de México, el costo total de una obra inmobiliaria puede incrementarse entre 5% y 10% de su totalidad debido a actos de corrupción, reveló un análisis realizado por la Asociación Mexicanos contra la corrupción y la impunidad (MCCI).
De acuerdo con el estudio titulado Diagnóstico de corrupción en el sector inmobiliario, realizado por el MCCI, en la capital del país se deben realizar hasta 15 trámites para obtener un permiso de obra, y el más propenso a corrupción es el registro de manifestación de construcción, ya que liberarlo puede costar entre dos y 15 millones de pesos, lo cual retrasa de seis meses a dos años la edificación de un desarrollo.
En una conferencia de prensa, Eugenia Castañeda Gomez Mont, directora de Integridad Empresarial en la Asociación, puntualizó que en la CDMX hay casos en que en las alcaldías les cobran ilegalmente 30 mil pesos por cada departamento construido en un proyecto, lo cual incide en un impacto al precio final del inmueble para el consumidor.
Además, la especialista de MCCI, detalló que de un universo de 45 desarrolladores consultados para la realización del informe, 94% afirmó haber sido víctima de corrupción e impunidad, pero, solamente 36% decidió emprender una demanda, el resto declaró no tener confianza en las autoridades o, incluso, ven los actos como algo normal.
Ante ello, María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de MCCI, apuntó que “en el sector inmobiliario se ha normalizado la corrupción a tal nivel que quienes la padecen la toleran y hasta justifican; eso se debe combatir y el primer paso es diagnosticarlo. Seguiremos dando los pasos necesarios para terminar con este problema”.
El diagnóstico presentado por MCCI, precisó que otras experiencias de corrupción están relacionadas con la obtención de factibilidad de agua por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), la licencia de construcción especial y las visitas de verificación por parte de las alcaldías y el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) de la capital.
LEG