México se colocó como el cuarto país con más corrupción en América Latina, sólo por encima de Guatemala, Nicaragua y Venezuela, estos dos últimos países en crisis por conflictos sociales y políticos.
En el concierto global, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción, realizado por Transparencia Internacional, México obtuvo el lugar 138 de 180 países.
El país obtuvo 28 puntos de 100 posibles, quedando al nivel de Irán y Papúa, en Nueva Guinea, es decir, entre los 43 países con una alta percepción de la corrupción del planeta.
A nivel de América Latina, México es superado por la mayoría de países; en tanto que, en Norteamérica, México comparte región con Estados Unidos y Canadá, naciones con las que existen acuerdos comerciales trilaterales, y que se encuentran entre los 23 países con menos percepción de corrupción.
Según el análisis de Transparencia Internacional, en América Latina sólo hay tres países más corruptos que México: Guatemala, con el cual se comparte frontera; Nicaragua, y Venezuela, ésta última ubicada entre los 20 países más corruptos del planeta.
Para Eduardo Bohórquez, director de la oficina en México de Transparencia Internacional, México ocupa los últimos lugares en ese índice porque no se han desmantelado las redes de corrupción descubiertas ni ha cesado la protección política de éstas.
Además, sólo se han tomado medidas preventivas que “pierden efectividad cuando quienes participan en las redes de corrupción saben bien que no serán sentenciados y que podrán mantener los recursos desviados del erario público”.
El diagnóstico del organismo internacional para México señala que el marco legal anticorrupción aprobado por México en 2015 sigue sin ser implementado a cabalidad, porque “a tres años de la creación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, no está plenamente integrado y no es funcional como sistema”.
Enlista que siguen sin ser nombrados los titulares de la fiscalías especial anticorrupción, delitos electorales y derechos humanos; figuras clave en el control de la corrupción y sus efectos.
El nombramiento de jueces anticorrupción en materia administrativa también está pendiente y los estados de la República tampoco han consolidado sus sistemas locales”.
Entre las recomendaciones para el país está reorientar las políticas de combate a la corrupción hacía las sanciones y recuperación de activos y desmantelar la protección política de las redes de corrupción que operan en el país.
Frase
“Las medidas preventivas pierden efectividad cuando quienes participan en redes de corrupción saben que no serán sentenciados”
Eduardo Bohórquez, director de la oficina en México de Transparencia Internacional
LEG