La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sobresale dentro de la historia del autodenominado sindicalismo democrático, en el que se agrupan gremios que se identifican con la “izquierda mexicana”.

La Sección 18 de la CNTE es autora de pérdidas del orden de los dos mil 500 millones de pesos en los últimos 15 días, según el Gobierno de Michoacán, así como de privar del derecho humano a la educación a los niños de ese estado. Su justificación: adeudos salariales.

El triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en algunos estados gestó una alianza entre el gremio magisterial y Morena, generó una pausa en las constantes manifestaciones y protestas de la Coordinadora, situación que al igual que en los Gobiernos de las últimas tres décadas llegó a su culminación por el mismo motivo: dinero.

Hay que recordar que la CNTE vio sus inicios en el sur del país a finales del año 1979 como un ala disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pero para finales de la década de los ochenta, la CNTE y su crecimiento permitieron que jugara un papel fundamental en la destitución del priista Carlos Jonguitud Barrios, líder del SNTE.

Envuelto en banderas de repudio a la corrupción, en la que Elba Esther Gordillo Morales, suponen, es la principal encarnación, y a la búsqueda de democracia sindical, la Coordinadora no ha podido nunca honrar sus acuerdos con los Gobiernos en turno; el último ejemplo lo podemos encontrar en el bloqueo de vías férreas de las dos semanas anteriores.

La diferencia es que con el nuevo Gobierno estrenaron estrategia de presión en la toma y bloqueo de ferrocarriles por donde se transportan la mayoría de cargas comerciales del país, pues sólo se habían limitado al cierre de carreteras, toma de instalaciones o largos plantones en la Ciudad de México.

Es prudente cuestionar si alguno de los miembros de la CNTE que acusa no haber recibido el salario de tres o cuatro semanas ha recurrido a las instancias correspondientes para esos casos, es decir, ¿existirá alguna demanda laboral, juicio o prueba de que los maestros no sólo tomaron una de las más importantes vías de transporte comercial del país sin haber interpuesto una sola denuncia? ¿Al diablo las instituciones?

Cuando un trabajador promedio deja de percibir remuneraciones, alguna prestación o considera violados sus derechos laborales, está obligado a acudir a la Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje para presentar su reclamo; su proceso jurídico llevaría, en el mejor de los casos, algunos meses.

La CNTE es entonces un grupo de trabajadores, defensores de trabajadores, Oficialía de Partes, organismo de mediación y lo que se sume, para que si en menos de 24 horas no se deposita unos cientos de pesos a un agremiado, genere la pérdida de miles de millones para otros entes sociales (entre familias, trabajadores, empresas, productores y otras), cuya importancia es, para ellos, menor o nula, en comparación a su maestro.

La actual titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, deberá tomar nota y prever emulaciones, pues qué pasaría si los trabajadores despedidos del SAT, la SEP y otras entidades deciden que el camino para obtener prestaciones caídas lo han mostrado los encargados de enseñar al país: los maestros.

En otros procesos habrá que poner atención a la SCJN, donde llega a la dirección el ex vocero del PRI, César Castillejos. Al menos llama la atención que en búsqueda de la independencia del Poder Judicial se nombrará a alguien tan identificado con un partido político; esperemos que la política del Poder Judicial siga siendo la independencia…