El diputado Miguel Ángel Salazar Martínez presentó una iniciativa en la que plantea sancionar la interacción de adultos con menores de edad a través de Internet con fines de satisfacción sexual, prácticas conocidas como grooming y sexting.
El proyecto de decreto que adiciona un Artículo 183 bis al Código Penal para el Distrito Federal, plantea la imposición de cuatro a ocho años de prisión y multa de 400 a mil, a quien haciendo uso de medios de radiodifusión, telecomunicaciones, informáticos o cualquier otro medio de transmisión de datos, acose sexualmente a menores de edad.
El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) informó que 38 % de los usuarios de Internet tienen entre seis y 18 años y que la edad de inicio de la interacción social en espacios digitales actualmente se ubica en los ocho años de edad, conforme a cifras de la Asociación Mexicana de Internet.
Refirió que el grooming es un problema que ha evolucionado a la par de las nuevas tecnologías, las cuales sin duda aportan grandes beneficios a la sociedad, pero traen consigo una enorme responsabilidad para quien las utiliza, la cual se ha visto rebasada y que es sumamente necesario regular esas conductas que menoscaban la seguridad de los menores.
El legislador consideró de suma importancia impulsar una legislación que los proteja contra los acosadores dentro de espacios virtuales, ya que el grooming representa una nueva puerta de entrada hacia el abuso sexual, la pornografía o la trata de niños y niñas.
Destacó que según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la captación de menores en la red con fines sexuales puede llevar minutos, horas, días o meses, según los objetivos y las necesidades del agresor y precisó que un acosador puede tardar hasta 12 minutos para hacer que un menor se quite la ropa y se tome fotografías.
“Así pues, el vertiginoso desarrollo tecnológico, la desmedida informatización de la sociedad y el omnímodo poder de la informática, demandan de la moderna Ciencia Penal la comprensión de las conductas criminales en las que se ve inmersa la informática”, alertó el priista.
“En definitiva, las conductas por las cuales se hace uso inadecuado, irracional e indiscriminado de la informática y sus avances, deben traer como consecuencia la actualización del ordenamiento jurídico penal de la Ciudad de México”, puntualizó.
MGL