Jorge L. Velázquez Roa
@JorLuVR
En mi entrega anterior hablaba de la importancia de la evaluación de las políticas públicas, ya que con la evidencia generada las autoridades están en posibilidad de mejorar el diseño de una política o programa, rediseñar o rectificar una intervención ya en ejecución, o simplemente determinar la continuación o cancelación de ciertas acciones. Sin evaluación es muy difícil saber si las metas buscadas se pueden cumplir, se están cumpliendo o están en vías de cumplirse, lo cual trae como consecuencia que no se puedan hacer, en su caso, los ajustes necesarios.
Por definición una intervención pública busca atender y resolver una situación o problema. Si ello no sucede, es decir si la intervención no contribuye a la solución del problema (eficacia), la acción pública no tiene sentido ya que solo se están empleando recursos (escasos) del presupuesto sin que haya resultados o beneficios para la sociedad. Cuando esto sucede, la intervención debe ser revisada (i.e. evaluada) para entender por qué no está dando resultados y, en su caso, ser modificada o cancelada. Este fue, por ejemplo, el argumento utilizado para desaparecer algunos programas sociales como el de “comedores comunitarios” o el de “atención a jornaleros agrícolas” del Presupuesto de Egresos para este año (https://bit.ly/2HzIbqs).
Idealmente, las políticas públicas deben ser evaluadas desde antes de su implementación para analizar si su diseño contribuye a la solución de la problemática que busca resolver. Para ello, es necesario primero entender y tener muy claro cuál es el problema por atender. Una vez definido el problema (por ejemplo a través de un diagnóstico) se analizan los diferentes escenarios o acciones que puedan contribuir a resolverlo. Posteriormente se examinan los probables impactos o consecuencias, tanto positivos como negativos, bajo los distintos escenarios y, una vez analizados, generalmente se toma la acción o conjunto de acciones que mejor contribuya a resolver el problema (y al menor costo posible –eficiencia).
Es en este sentido que algunas decisiones recientes del gobierno han sido muy cuestionadas. Por ejemplo, con el tema del combate al robo de hidrocarburos, si bien se tenía claro que dicha actividad representaba un grave problema (y que por lo tanto era necesaria la intervención decidida del gobierno), todo parece indicar que las autoridades no tenían claridad en la dimensión del problema ni en los distintos factores que confluían en el mismo.
Ello llevó a tomar decisiones, como el cierre de los ductos de transporte, que tuvieron consecuencias negativas como el desabasto temporal de combustibles, sin que se sepa en qué medida dichas determinaciones contribuirán efectivamente (y, en su caso, cuándo) a resolver el problema. Si antes de emprender acciones se hubiese tenido un diagnóstico y un entendimiento cabal del problema con toda seguridad las estrategias implementadas hubiesen sido distintas y con menores costos para la sociedad. Algo similar sucede con las decisiones y programas en materia agropecuaria, en donde los efectos potenciales de las acciones anunciadas, como los precios de garantía, no parecen haber sido adecuadamente analizados (https://bit.ly/2RVB3tu).
En un contexto de crecientes demandas por parte de la ciudadanía y de presupuestos cada vez más estrechos para para atender dichas demandas, la eficacia y la eficiencia de las intervenciones públicas son un imperativo que deben guiar la actuación de las autoridades. Por eso la evaluación se ha convertido cada vez más en un instrumento indispensable de las políticas públicas. México no está exento de ello.
LEG