Hubo sexenios en que el Presidente de la República en turno encubría a otros para corresponder con un acuerdo de la clase política a la que pertenecía en el sentido de omitir datos que pudieran revelar enriquecimiento a secas o enriquecimiento ilícito con mayúsculas. Sobran los ejemplos.
Uno reciente: frente a la ficción relacionada con la renuencia a aceptar que la adquisición o usufructo de la Casa Blanca involucraba un conflicto de interés, los integrantes del PRI se abstuvieron de demandar cuentas de la familia que ocupaba Los Pinos, el museo recién inaugurado de mayor visita popular y éxito merecido de la incipiente y presente administración.
Al colocar, según el error admitido por el ex presidente Enrique Peña Nieto, a la Gaviota en la vanguardia de la defensa del uso de esa mansión, relacionada con un supuesto préstamo de una empresa que la utilizó como un mecanismo compensatorio de decisiones, el propio mandatario inició una secuela de equivocaciones severas respecto del manejo de crisis de imagen de su administración.
Vivimos en un tiempo nuevo. Ayer, el debate público se centraba en el departamento de 11 millones de pesos -un costo semejante al de un departamento moderno de 160 metros de la colonia Condesa, por decir algo- que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, posee junto con su marido en Houston.
Desde la semana pasada, la funcionaria fue sujeta a la presión directa y explícita, pública y compartida, del propio presidente Andrés Manuel López Obrador para que junto con un pequeño grupo de funcionarios del primer nivel del gabinete que habían retrasado hacerlo, publicara completa su declaración patrimonial.
Este miércoles, Sánchez Cordero explicó en “la mañanera” que sí incluyó el departamento de Houston en su declaración, y señaló a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública por la omisión. La titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, respondió que al ser una copropiedad no se incluye en la versión pública en cumplimiento a la protección de datos personales de terceros. Y que Sánchez Cordero ya lo sabía.
Queda al descubierto, pues, no el patrimonio omitido o traspapelado entre los trámites y formatos. ¿Quizá en la prisa por cumplir el ultimátum del Presidente? Lo que revela esta pequeña crisis es que existe un compromiso distinto en materia de transparencia y una expectativa inédita de coherencia en los funcionarios de la cuarta transformación.
Ante esa omisión, que no es de ninguna manera lo mismo que demostración de aprovechamiento de una posición política o social para hacerse de un bien ajeno o aprovechar su disfrute, hay que puntualizar y destacar el cambio que vive el país.
Las redes sociales, heterogéneas y viscerales como son, acompañan esa opinión: existe una deformación en la intencionalidad que un segmento mayoritario, a diferencia de lo sucedido con la Casa Blanca, no acompaña. Una cosa es corrupción y otra es omisión.