Los bloqueos a las vías férreas de Michoacán por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) son señales de la falta de gobernabilidad y de Estado de Derecho, lo que envía una mala señal al inversionista nacional o extranjero, afirmó Iker de Luisa Plazas, director general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) en una entrevista con 24 HORAS.
Además, de no resolverse el conflicto –dijo– se afectará el crecimiento económico del Producto Interno Bruto (PIB) y provocará una mayor inflación.
“La falta de Estado de Derecho, la falta de gobernabilidad, la existencia de conflictos sociales y que no haya instituciones que resuelvan los conflictos dan una mala señal al inversionista”, expresó.
Además, dijo, el conflicto puede ocasionar que las empresas ubicadas en el puerto Lázaro Cárdenas, de origen indio, norteamericano y danés, se vayan a Brasil o Polonia si las vías no se abren para su operación.
Aseveró que estas “afectaciones individuales, cuando se suman, pueden tener impacto en la economía nacional y la situación es muy crítica; la afectada a largo plazo es la juventud michoacana”.
El 14 de enero pasado los maestros decidieron realizar bloqueos y cerrar las escuelas, dejando a cientos de niños sin clases, para exigir, principalmente, el pago de salarios; lo acual ocurrió este miércoles.
De Luisa Plazas hizo un llamado al Gobierno federal, estatal y la CNTE para que resuelvan el conflicto. “Con todas estas señales de incertidumbre y de falta de Derecho no va a llegar la inversión requerida para industrializar el estado (…). Estará condenada la juventud michoacana, quien va a estar migrando en busca de trabajo”.
Sin usar fuerza pública
En tanto, el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob), Zoé Robledo, rechazó el uso de la fuerza contra los maestros.
“Claro que hay un compromiso con el Estado de Derecho, pero no es sinónimo de usar la fuerza pública, vamos a agotar no sólo en las vías del diálogo sino las vías del derecho para que se cumplan para todos”, manifestó en una conferencia de prensa.
La Fiscalía en Morelia citó para este viernes a tres dirigentes de la CNTE para responder a probables denuncias en su contra a lo establecido al artículo 533, que señala a los que dañen perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación serán castigados con tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 500 veces el salario mínimo.
LEG