–¡Se imagina una foto mía ahí entre los apostadores?
Don Julio Scherer García era, como siempre, efervescente.
-¡Lo imagina, verdad, don Gerardo! ¡Imagina usted el daño que me causaría esa fotografía y también a mis compañeros!
Y el ahora escribidor qué carajos iba a imaginar.
Entre las leyendas del espionaje mexicano está la de Fernando Gutiérrez Barrios, titular de la Dirección Federal de Seguridad y luego secretario de Gobernación, y quien en sus años mozos, ya miembro de los Servicios de Inteligencia del Gobierno mexicano, ayudó a Fidel Castro y a sus compañeros a que se embarcaran en el Granma y se fueran a Cuba a hacer su revolución. Allá todavía es parte de la veneración; acá siempre fue parte del aparato represor.
Se cuenta que cuando Gutiérrez Barrios recibía a alguien en su oficina, sobre su escritorio tenía un fólder en cuya cejilla destacaba el nombre del visitante, y ese sobre aparecía relleno de fojas y presuntas fotografías. Durante el tiempo de la visita, el anfitrión nunca tocaba la carpeta; el huésped nunca sabía qué había en ella…, pero lo imaginaba y sus efectos eran demoledores. Dicen que eso es parte de algo que se llama perversidad.
Scherer García le contó en 1978 (si la memoria es fiel) al aspirante a escribidor una experiencia fascinante para cualquier reportero:
Un funcionario le dijo que las versiones sobre garitos y apuestas clandestinas en el México de ese entonces eran absolutamente ciertas; que cuando quisiera, lo podía llevar para que lo comprobara con sus propios ojos… Un banquete informativo.
-Y no acepté-, dijo Scherer García. ¡Imagínese! Piense: al director de Proceso le toman una fotografía en un garito de ésos y la hacen publicar; nadie pensará, y mucho menos creerá, que estaba ahí para reportear.
Se hiciera pública o no, la hipotética fotografía del fundador de Proceso en esa circunstancia habría quedado en los archivos oficiales del Gobierno mexicano.
Ése es uno de los riesgos o ventajas, según el lado del que se esté, de los trabajos de la “inteligencia” (espionaje) gubernamental: lo que reportan sus agentes se convierte en verdad oficial; haya sido cierto o no. Es un riesgo grave para la salud del país.
En junio de 2017, el escribidor redactó una columna sobre el tema:
“Hará cosa de unos años, cuatro, seis u ocho, una reportera fue a la oficina y de su bolso sacó un documento, y dijo: ’Mira cómo los investigaron y lo que dijeron de ustedes’. El documento provenía, oficialmente tenía sellos y todo, del Archivo General de la Nación (AGN)”.
En resumen, ese documento oficial reproduce una nota sobre la “actividad delictiva” de los reporteros de Proceso, al inicio de los años 80 del siglo pasado: todos ellos por orden alfabético que aparecían en el directorio de la revista, con excepción de las reporteras, eran miembros de una banda de tratantes de personas hacia Estados Unidos, especialmente de niños con propósito de explotación sexual, según un supuesto juicio en su contra en una Corte de San Diego, California.
Ninguno de los mencionados en ese reporte fue ni ha sido tratante de personas, y mucho menos de niños con ningún fin. Nunca ha existido juicio alguno contra ninguno de ellos por ese delito ni en la de San Diego ni en ninguna otra Corte o juzgado.
Sin embargo, ese documento es parte de la memoria del país. En el futuro, algún historiador poco escrupuloso podrá darlo por bueno.
Éste es uno de los riesgos de la apertura indiscriminada de los archivos del Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional, adscrito a la Secretaría de Gobernación, y heredero de la Dirección Federal de Seguridad), prometida por el Presidente de la República en medio del borbotón de complejos asuntos que caracterizan los primeros meses del nuevo Gobierno de México.
Es muy probable que esos archivos tengan investigaciones de hechos falsos en contra de muchos de quienes ahora son parte del nuevo Gobierno, inclusive en contra del hoy Presidente de la República, sencillamente porque antes del 1 de julio de 2018 eran simples opositores.
¡Cuidado!
Y, ¡ojo!, que quede claro: no se trata de expurgar los archivos oficiales. Simple y sencillamente que al abrirse los archivos de la policía política mexicana se considere que tuvieron una intención: generalmente el de acusar o desprestigiar y chantajear a la oposición y que, ahora como antes, así pueden utilizarse.