Nueve ex funcionarios, entre ellos seis secretarios de Estado, trabajan de manera inmoral en empresas dedicadas al sector energético, señaló el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, en conferencia de prensa realizada en Palacio Nacional.
Se trata de José Córdova Montoya, quien fue jefe de la Oficina de la Presidencia de Carlos Salinas, y hoy es propietario de Proveedora de Servicios de Energía.
Jesús Reyes Heroles González Garza, quien fue secretario de Energía en el sexenio de Ernesto Zedillo y titular de la CFE en el de Felipe Calderón, ha sido partícipe en diversos consejos consultivos de energía, entre ellos EnergeA, Energy Inteligence Group, Morgan Stanley Energy Partners, Misui de México y el Centro de Estudio Mario Molina, actualmente es miembro del consejo de administración de Santander México.
Carlos Ruiz Sacristán, ex secretario de Comunicaciones y Transportes de Ernesto Zedillo, es presidente del consejo y director general de North America Infraestructure Group de Sempra Energy, así como presidente del consejo de administración de IEnova, una de las empresas a las que, dijo Bartlett, tienen contratos leoninos que implican una carga millonaria para la CFE.
En el caso de Luis Téllez, ex secretario de Energía y Comunicaciones y Transportes, en los sexenios de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, respectivamente, es asesor en la empresa Kohlberg Kravis Robert´s.
El ex director de la CFE en los sexenios de Zedillo, Vicente Fox y Calderón, Alfredo Elías Ayub, es consejero independiente en Avangrind.
Georgina Kessel y Jordi Herrera, ex secretarios de Energía de Calderón, son consejera independiente de Iberdrola y asesor de Respsol y Gas Natural Fenosa.
Alejandro Fleming, quien fue jefe de la oficina de asuntos jurídicos de la Secretaría de Energía en el tiempo de Calderón, es secretario no miembro de Iberdrola.
Además del caso del propio Calderón, quien fue secretario de Energía de Fox y luego consejero independiente de Avangrid, cargo al que renunció.
“Participaron en este proceso de privatización apoyando a empresas extranjeras privadas con asesores de sus propios grupos para dar el resultado en esta combinación de los antiguos funcionarios mexicanos con las empresas privadas que han venido ganando terreno precisamente por esta vinculación con intereses de alto nivel mexicanos que, haciendo uso de su experiencia, en un absoluto conflicto de intereses con lo que han representado”, indicó el ex senador.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que para evitar estas prácticas “inmorales”, a través de la Ley de Austeridad, y otras, se buscará fijar un plazo de 10 años para que los funcionarios no puedan trabajar en empresas relativas al sector en el que participaron, una vez concluido su encargo.
Además, se dará vista a la autoridad correspondiente, para que indaguen si existió algún desvío de recursos.
TFA