La Comisión Permanente de Contralores Estados–Federación destacó la importancia de que los nuevos formatos de Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, así como sus normas, sean útiles para la adecuada investigación de la evolución patrimonial de los servidores públicos.
En este sentido plantearon, a través de un pronunciamiento, revisar diversos aspectos del acuerdo por el que se emitió el nuevo Formato de Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses y sus normas, aprobado en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Asimismo coincidieron con lo expresado por la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, respecto a sus consideraciones técnico-jurídicas que de no revisarse, no sólo obstaculizarán la implementación de los nuevos formatos “sino que también se pone en riesgo la utilidad de estos formatos para detectar el enriquecimiento ilícito”.
Entre los aspectos a revisar destacan que no se toman en cuenta los requerimientos técnicos y de personal necesarios para el uso, manejo y almacenamiento de la información proporcionada.
En la Administración Pública Federal, se estima que la cantidad de servidores públicos que estarán obligados a presentar estas declaraciones pasará de 250 mil a dos millones, además de los millones que se incorporarán en los estados y municipios, y no se establece el mecanismo a través del cual se firma la declaración, que garantice la validez del envío de la misma.
Asimismo, las características del formato publicado se refieren únicamente a la declaración inicial, cuando la Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla tres tipos de declaraciones: inicial, modificación y conclusión.
Tampoco se establece cuál instancia del SNA estaría facultada para la interpretación de las normas publicadas y existen incongruencias entre el instructivo y los formatos respecto a la información que deberá proporcionar el declarante.
De igual forma, se solicita al declarante una gran cantidad de información que podría obtenerse con una mayor coordinación entre autoridades gubernamentales y la segmentación de los servidores públicos en tres diferentes grupos es ambigua y no atiende al nivel de riesgo de corrupción de los puestos.
Finalmente manifestaron su “voluntad y disposición de colaborar con el Comité Coordinador del SNA en la revisión de los nuevos formatos, con el fin de realizar una adecuada implementación de los mismos, que contribuya a prevenir, detectar y sancionar el enriquecimiento ilícito y el conflicto de interés”.
jhs