Casi 300 mil niños estadounidenses, hijos de familias de origen centroamericano y caribeño, enfrentan un grave peligro si el Congreso no legaliza los beneficiarios del programa Estatus de Protección Temporal (TPS), alertó el Center for American Progress (CAP).
Se trata de hijos de inmigrantes procedentes de El Salvador, Haití y Honduras que han residido en Estados Unidos un promedio de dos décadas, de acuerdo con un informe divulgado por la cadena de televisión hispana Univisión.
“Aquí se han creado una vida para sí mismos, crían a cientos de miles de niños ciudadanos estadounidenses en los hogares que han construido, y trabajan en empleos que tienen al país en marcha”, dijo una analista del CAP.
El informe dijo que se trata de unos 279 mil niños que son ciudadanos estadounidenses y que serían afectados directamente si el Congreso no aprueba una ley que regularice la permanencia de sus padres y familiares, unos 300 mil inmigrantes de El Salvador, Haití y Honduras, amparados bajo el TPS.
El informe del CAP, difundido ayer, alerta sobre las consecuencias que tendría el término del programa para estos tres países, y aporta datos sobre el impacto negativo en la economía estadounidense si el Congreso no actúa, y los tribunales de justicia revocan un fallo que mantiene vivo el programa.
El estudio se presenta en vísperas del Día Nacional de Movilización y Cabildeo, para solicitar al Congreso que promulgue protecciones permanentes para los titulares del TPS de estas tres naciones, explicó Rafael Medina, portavoz del CAP.
El TPS, que otorga un amparo temporal contra la deportación y concede un permiso válido mientras dura la protección otorgada por el gobierno a través de los departamentos de Seguridad Nacional, y de Justicia fue cancelado por el gobierno de Donald Trump, pero una corte federal lo restituyó.
LEG