La aparición de una nueva fosa clandestina en el municipio colimense de Tecomán, una de las entidades de mayor y más sorpresivo crecimiento de los homicidios dolosos en los últimos seis años, dramáticamente se añade a las mil 200 fosas clandestinas cuya existencia reconoce el actual Gobierno federal.
El desastre humanitario colocado delante de la administración de la justicia desborda en magnitud algunos de los más señalados después de las guerras civiles que vivieron algunas naciones centroamericanas durante finales de la década de los 70 y durante los 80.
Incluso respecto de las 855 fosas clandestinas que asumía como existentes la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las reconocidas al inicio de este sexenio por la subsecretaria de Gobernación, representan un aumento mayor en 40%.
El Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación de Delitos de Investigación Forzada, el instrumento formal más sofisticado y pertinente generado al respecto en la pasada administración con la intervención de la CNDH, de ser renovado y mejorado puede ser utilizado por esta gestión comprometida con la terminación de la impunidad relacionada con las múltiples violencias que especialmente durante los últimos 12 años azotaron al país.
El descubrimiento de 69 cuerpos en las fosas clandestinas de Tecomán es una muestra irrefutable del desmantelamiento de las capacidades estatales para la garantía de la seguridad y de sus reflejos orgánicos para enfrentar la consecución de la justicia.
Es parte de la negligencia con la cual las pasadas autoridades trataron el tema de la desaparición de personas y, más aún, el problema que han generado por los organismos del crimen organizado, que han visto en los jóvenes marginados y sus respectivos entornos familiares su carne de cañón.
Este lamentable descubrimiento representa para el Gobierno federal un punto de arranque para legitimar el trabajo que desde la Subsecretaría de Gobernación realizará su titular, Alejandro Encinas. La indolencia, la falta de resultados, de estrategia y la impunidad deben desterrarse de esta administración que tiene entre sus premisas fundamentales el restablecimiento del Estado de Derecho.
La situación en esa pequeña localidad de Colima obliga a replantear todas las estrategias de búsqueda y agregar al plan nacional una vertiente encaminada a disminuir la presencia de los grupos de la delincuencia organizada.
Colima es sólo un ejemplo de la relación entre las desapariciones y los cárteles; su ubicación geográfica lo hace vulnerable, ya que colinda con dos estados que registran altos índices de violencia -Jalisco y Michoacán- y tiene uno de los puertos centrales de entrada y salida ilegal de droga: Manzanillo.
La tarea debe implicar además a los Gobiernos locales, los cuales deben comprometerse a trabajar de manera coordinada con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y conformar las Comisiones de Búsqueda de Personas Desaparecidas; hoy sólo ocho estados cuentan con ella (Coahuila, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí y Querétaro); Colima no.
Apostamos a que habrá buenos resultados; existe la voluntad política y la promesa de hacer lo “humanamente posible” para atender esta crisis.
@guerrerochipres