Los poderes podrán estar divididos constitucionalmente, pero los une su vulnerabilidad ante la corrupción.
La decisión del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de este miércoles de votar a favor de la destitución de dos magistrados federales de circuito en Campeche “por notoria ineptitud”, faltar en la información presentada mediante su declaración patrimonial y desempeñar su cargo “obteniendo beneficios adicionales”, se agrega a un largo ciclo de decisiones, menos abundantes y contundentes de lo que sería deseable, que en un futuro permitiría plena confiabilidad en el Poder Judicial.
En la afirmación del presidente del pleno del CJF, Arturo Zaldívar, es primordial para ese órgano de decisión “implementar una cultura de integridad judicial” en un escenario constituido por fenómenos de impunidad entre quienes deberían impartir justicia y asegurar sanciones ejemplares para la sociedad.
En México, alrededor de 80% de las sanciones a jueces federales corruptos se aplica a varones. Se estima que solamente uno de cada 10 casos de corrupción en jueces federales es llevado al CJF, de acuerdo con el autor de El juez constitucional en el mundo, Julio Bustillos, quien en un texto titulado “La corrupción de los jueces federales mexicanos y su depuración” sostiene que es frecuente la decisión del Poder Judicial de minimizar las penas hasta dejarlas en suspensión provisional a cambio de adscripción, aun tratándose de casos muy graves.
El magistrado Zaldívar, al referirse a la sanción impuesta a los magistrados campechanos cuyo nombre se omite, en una cautela previa a la notificación del acuerdo, aseguró que se actuó “con absoluto profesionalismo en las investigaciones administrativas, siempre en apego al debido proceso, la presunción de inocencia y conforme a la Constitución” en una enumeración útil al recuerdo de la norma, a la retórica que se asocia a la ética de juzgar al juzgador y en consonancia con tiempos en los cuales la corrupción es un tema central a la opinión pública.
Desde que el CJF fue creado en 1995, el acceso a los datos financieros de los jueces federales es básico en el establecimiento de responsabilidades como las que condujeron a la destitución de los magistrados en Campeche.
A ese instrumento contribuyen diversas posibilidades, investigativas y de opinión informada de otros actores y observadores, relacionadas con la norma local y federal de acceso a la información.
De acuerdo al estudio comparativo de Bustillos, en la década de los 90, luego de fundado el CJF, el promedio de magistrados y jueces de distrito sancionados fue de 566 por año; en la primera década de este siglo, de 865 y en lo que va de esta década, con una extrapolación basada en esos datos, de mil 38 por año.
El CJF no deja de realizar trabajo; no podemos establecer si las denuncias son más, si es mayor el número de jueces federales corruptos, si son mayores las capacidades investigativas.
Lo cierto es que México tiene en el Poder Judicial la probabilidad de contribuir a la credibilidad del proceso de recuperación del Estado de Derecho y, desafortunadamente, una fuente de corrupción que el mismo poder necesita desterrar.
@guerrerochipres