La prestación de servicios médicos se encuentra entre los rubros más sensibles, de contacto directo y generación de bienestar, por lo que los Gobiernos de todo el mundo enfocan gran parte de sus esfuerzos en garantizar condiciones óptimas de salud entre la población.

En México, al igual que en otros rubros, existen rezagos en la materia que se explican por la limitación de recursos económicos, la dispersión de poblaciones o un número insuficiente de especialistas que atiendan los padecimientos.

Por ello, no se explica que desde 2011, el Gobierno federal modificó la Ley General de Salud para delegar el procedimiento de certificación de médicos especialistas al Comité Normativo de Consejos de Especialidades Médicas AC (CONACEM), una organización pública, que en el último año recibió 376 millones de pesos para dar el aval o certificación a los médicos.

Mientras en España y Estados Unidos la certificación en cualquier área de la salud está a cargo de órganos de Gobierno especializados en la materia, además de que ofrece de manera gratuita acceso a una base de datos para corroborar las credenciales del galeno, en México una organización privada acapara millones en recursos.

La problemática ha ido escalando ante el reclamo de algunas agrupaciones de médicos que demandan que la certificación vuelva a ser responsabilidad única del Gobierno, pues consideran que al canalizar los recursos a las arcas del erario, éstos podrían ser administrados y canalizados de maneras más óptimas.

En la Cámara de Diputados, la presidenta de la Comisión de Salud, Miroslava Sánchez Galván, encabezó el foro Panorama Médico Jurídico de la Cirugía Estética en México, en el que se abordó la problemática de la certificación de los especialistas y se vislumbra el inminente cambio.

Ante la reiterada intención del Gobierno federal de eliminar intermediarios en la asignación de apoyos y subsidios, y entregar los recursos de manera directa a los beneficiarios, el senador de Morena, José Narro Céspedes se ha pronunciado por devolver la facultad de certificación médica al Estado, ya sea a la Secretaría de Salud o de Educación Pública.

Al regresar el procedimiento al Estado previo a 2011, Narro Céspedes estaría siendo congruente con las políticas del nuevo Gobierno y de la transformación que busca el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues un ciudadano debería tener la certeza de que su médico tratante ha sido avalado no sólo por una agrupación privada, sino por distintos instrumentos operados desde el Estado, a fin de garantizar las mejores prácticas de salud pública.

Por otra parte, hay que destacar que algunos legisladores de Morena coincidieron en la necesidad de revisar los procedimientos y costos con los que el Conacem entrega su aval para que cualquier médico especialista cuente con la cédula profesional que lo acredita, y por el que pueden acceder a un empleo formal en instituciones de salud con alguna credibilidad.

Es indudable que el país necesita de más médicos especialistas ante una insuficiente atención de diversos padecimientos, lo que obliga al Gobierno que se ha destacado por querer emprender una cuarta transformación a revisar y mejorar los procedimientos en los que descansa la salud de la población.