Tienen cara circunspecta. Como si la feria no fuera con ellos. Las miradas de los políticos que proclamaron la independencia de Cataluña de manera ilegal son ásperas con cierta dosis de arrogancia. Piensan que sobre ellos no existe ningún delito, que son víctimas de un sistema. Pero no es así.

El 27 de octubre de 2017, la bandera española dejó de ondear en el Parlamento catalán. El ex Presidente catalán, Carles Puigdemont, junto con unos seguidores habían proclamado la separación de Cataluña con respecto de España y, por lo tanto, la independencia ilegal de esa comunidad autónoma.

El acto era demasiado serio como para que no se constituyera en un delito de alta traición. Sobre todo porque el hecho iba en contra de la Constitución Española que propugna que España es un Reino indivisible. Jamás había ocurrido un hecho de esta naturaleza desde el restablecimiento de la democracia. Traería consecuencias, y serían graves.

Tal vez aquel gesto no estuvo lo suficientemente calibrado; quizás desconocieran las consecuencias ulteriores. A lo mejor sí lo supieron y se constituyeron como kamikazes a los que no les importó los castigos que recibirían.

Los separatistas catalanes sólo consiguieron una cosa: dividir a la sociedad catalana. Consiguieron renacer el fantasma de la Guerra Civil y de la postguerra. Crearon dos bandos, los que querían que Cataluña se separara de España y aquéllos que buscaban la unificación del país.

Pero lo mismo ocurrió en el resto de España, aquella fractura después de dos años continúa estando viva. Tendrán que pasar aún muchos años más para que todo vuelva a su cauce.

En las calles de Madrid, muy cerca de la Corte Suprema de Justicia, se veían banderas españolas por un lado y catalanas por otro. Se escuchaban gritos e insultos por ambas partes. La Policía tuvo que mediar para calmar los ánimos.

Este juicio, el más importante de la democracia, acaba de comenzar. Se prevé largo; seguramente más de tres meses. Por la sala pasarán los fiscales, los miembros de las diferentes acusaciones, los incriminados y más de 600 testigos, entre los que figuran la antigua vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ex presidente Mariano Rajoy.

Se van a solicitar penas elevadas, de hasta 30 años. La alta traición es un delito muy grave. Sin embargo, habrá que ver en qué se queda. Además, siempre cabe el indulto del Gobierno que también puede pasar.

Lo que sí es cierto es que tendrán que purgar sus condenas. Es la única manera de cerrar la fractura que se creó entre los que quieren la independencia y los que prefieren que sigamos igual; eso y el paso del tiempo.