Después de la descalificada que la banca nacional e internacional dio al programa de rescate de Pemex, presentado el viernes pasado, la pregunta es ¿por qué el presidente López Obrador se empeña en concederle facultades plenipotenciarias al director de la empresa, Octavio Romero, cuando ha demostrado su desconocimiento del sector?
Los diputados alistan una reforma al marco legal que trasladará a la oficina del director de Pemex facultades que correspondían al Consejo de Administración.
Con el poder absoluto, el director de Pemex, él solito, podrá aprobar el programa de inversión, el plan de negocios en general y hasta la fijación de precios.
Al parecer, el Gobierno (AMLO) cree que con poder absoluto, Romero podrá rescatar a la empresa que está a nada de perder el grado de inversión, lo que arrastraría al país a una crisis económica de largo alcance.
Recuperar la confianza de acreedores y calificadoras no pasa por la reforma a la Ley de Pemex, no al menos en lo que se refiere a las facultades del director.
Todos vieron con buenos ojos la decisión de modificar el régimen fiscal de Pemex para reducir su carga impositiva, pero sigue sin haber un programa sólido de rescate en el corto plazo que le permita incluso recuperar la calificación anterior.
No se exagera cuando se dice que del futuro de la empresa depende el futuro económico del país.
Curioso, un país que se asomaba al primer mundo, dependerá de las decisiones financieras que tome un agrónomo, si el Congreso, como parece ocurrirá, lo convierte en jeque.
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¿Qué fue más patético? ¿Las entrevistas de los candidatos a ocupar un puesto en la Comisión Reguladora de Energía o los intentos del senador de Morena, Armando Guadiana, por defender la ignorancia e incapacidad de los propuestos?
Guadiana, ya se sabe, es un próspero empresario minero de Coahuila, que tiene contratos con la Comisión Federal de Electricidad con el fin de venderles millones de toneladas de carbón para la generación de energía eléctrica.
Por lo tanto, presenta un absoluto conflicto de interés; su deber es excusarse de participar en el proceso, no defender lo indefendible.
Y aunque tooodooos los senadores de Morena reconocen el conflicto, algo le deben al empresario minero porque, como diría el clásico, “nadie hace nada’’.
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Hablando de conflicto de interés, hay varios casos en el sector de las telecomunicaciones, entre ellos el del ex subsecretario de Comunicaciones, Edgar Olvera Jiménez.
El ex funcionario ocupó la Subsecretaría de la SCT del 11 de abril de 2017 al 30 de noviembre de 2018.
Sin embargo, el 10 de enero pasado, la firma de abogados Greenberg Traurig anunció su contratación.
En boletín, la firma informó que Olvera Jiménez se incorporó a su representación en la Ciudad de México “en la práctica de tecnología, medios y telecomunicaciones’’.
La firma destaca que el ex funcionario “participó en el mayor proyecto de asociación público-privada en la historia de México conocida como Red Compartida, una red mayorista de 4G donde Greenberg Traurig se desempeñó como asesor legal del Bank of America Merrill Lynch, el asesor financiero de la SCT’’.
Y aunque la información fue publicada por el sitio especializado en el sector www.hoytelecom.net, no se había movido hasta que López Obrador comenzó a hablar del tema.
A ver.