Miguel Ángel Mancera, ex jefe de Gobierno y ahora senador, y lo que él representó para los electores en julio de 2018 y en este incipiente nuevo tiempo que vivimos son destinatarios del mensaje.
Generado este martes por la titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, la flecha fue lanzada clara y directa: hubo maquillaje en miles de casos en documentos oficiales para crear la impresión de que se reducía la incidencia delictiva en la capital del país.
Acompañada de Javier Ticante, acucioso director de Política y Estadística Criminal, Godoy agregó a sus afirmaciones de hace cinco semanas respecto del “maquillaje” de cifras delictivas de la pasada administración: en 68 de cada cien carpetas de investigación, iniciadas en concordancia del debatible “Nuevo” Sistema de Justicia Penal Acusatorio -especialmente en el periodo 2013-2018-, los delitos estaban simple y llanamente “mal clasificados”.
Los especialistas en encuestas consideran legítimas aquéllas que se realizan con una muestra de entre 850 y mil 200 entrevistas, persona a persona, realizadas de manera polietápica y aleatoria, que es lo mismo que posibilitar que cualquiera sea elegido al hacer una encuesta.
Ese tamaño de muestra es aceptado inclusive para poblaciones de millones de electores.
Por lo tanto, cuando la PGJ informa que de un total de 194 mil 479 carpetas, 42 mil 524 fueron analizadas y de ellas se encontró que 68% exhibían equívoca clasificación de los delitos, la parte metodológica que justificaría el “maquillaje” de las cifras aparece sobradamente establecida.
Ese trabajo requirió turnos completos de un importante equipo encabezado por Ticante durante más de dos meses, en los cuales personal de la PGJ estuvo dedicado a analizar la correcta clasificación.
El megamaquillaje ocurrió en un contexto de clara inercia delincuencial a partir del diagnóstico y de un liderazgo político debatible y debatido.
Es necesario entender y conocer los datos de la extensión y profundidad de una maniobra encabezada por las propias autoridades de entonces para falsear la realidad de la seguridad y la justicia.
En la lógica de explicarnos lo que sucedió el sexenio pasado y en la narrativa indispensable para determinar a partir de qué punto será posible distinguir la intervención de esta administración con respecto a lo que ha encontrado en sus primeros tres meses de existencia, los datos de Godoy y Ticante son un capítulo de la historia del engaño que merecen todo un estudio.
La titular de la PGJ detalló que 29 mil 82 carpetas fueron clasificadas como delitos de bajo impacto “para demostrar una falsa reducción en los índices delictivos de alto impacto, o sea, lo clasificaron mal”.
Además, “le llamaban reporte bicentenario que pedía el jefe de Gobierno”, donde cruzaban el de la PGJ, C5 y la entonces Secretaría de Seguridad Pública, en el cual “tenemos una primera conclusión, en el sentido de que tenían como límite aproximadamente 620 delitos de alto impacto semanales”, más allá de esa cifra no se contabilizaba o se reclasificaba para que estuviera fuera del grupo de delitos que impactaba el índice.
Mancera, en la versión presentada ayer por la titular de la PGJ, era un amo de una manera de maquillaje cuya ausencia nos muestra a la ciudad ante sus desafíos, frente a frente en un nuevo escenario.
@guerrerochipres