El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, afirmó que en los hechos, México se está volviendo país de retorno, no sólo para los mexicanos, sino también para las personas retornadas que provienen de otros países, en particular de origen centroamericano.
Al dirigir su mensaje en la presentación del estudio “Migración de Retorno y Derechos Sociales: Barreras a la Integración”, efectuado en conjunto con El Colegio de México, explicó que lo anterior ocurre después de que los migrantes cruzaron la frontera de México y solicitaron asilo en Estados Unidos.
Indicó que lo que sucede es que los migrantes son devueltos a territorio mexicano para que esperen su audiencia ante el juez migratorio estadounidense y se desahogue el procedimiento correspondiente.
En ese sentido, el Estado mexicano tendría que adoptar una definición y establecer una postura clara frente a lo que parecería la aceptación implícita de una determinación unilateral del gobierno estadounidense en el sentido de imponer al país la responsabilidad de servir como estancia temporal para quienes desean entrar a su territorio, con independencia de su nacionalidad.
“Debo destacar y sin demérito, lo digo así sin demérito de que México no pierda el carácter humanitario que lo debe caracterizar. Esto es importante porque casos como estos también son un reto para este gobierno mexicano, pero también para el gobierno norteamericano en cuanto que constituye una acción que debe reflexionarse mucho más a la luz del derecho norteamericano y del derecho internacional de los derechos humanos, somos coincidentes en estas apreciaciones”, añadió.
De acuerdo con el ombudsman nacional, mas allá de cuestiones técnicas o jurídicas, la realidad es que México no está preparado ni tendría condiciones idóneas para servir como sitio de retorno y albergue de quienes son remitidos por el gobierno estadounidense.
“Veamos lo que se desprende de lo que se ha encontrado en este estudio. La falta de una definición clara del gobierno mexicano ante esta problemática propicia múltiples cuestionamientos, cuyas respuestas tendrían que ser definidas para prevenir”, apuntó.
También reconoció el cambio de las condiciones migratorias y de las dinámicas en esa materia en el país, que se ha redimensionado con fenómenos como las denominadas caravanas mingrantes de finales del año pasado y la de principios de enero.
El acceso al refugio y los derechos humanos de los migrantes ha motivado grandes discusiones y reflexiones en torno a sus causas, efectos, contextos y marcos regulatorios en materia de internamiento regular y ordenado, en particular los grupos más vulnerables como niñas, niños, personas adultas mayores, con alguna discapacidad o del grupo LGBTTTI.
Destacó que la migración no es un fenómeno de un solo sentido ni una cuestión definitiva que puede estar sustentada en motivos personales o cuestiones de otra índole como económicas o políticas, hasta el supuesto de un retorno no deseado o impuesto, derivado de la aplicación de leyes y medidas migratorias, es claro que el retorno es una realidad que es preciso estudiar, entender y atender.
“Hablar de las cifras de personas en situación de retorno bastaría para comprender la importancia de esta problemática. De acuerdo con la información disponible en la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, en promedio anualmente se retornan 200 mil personas. Tan sólo en 2018, un total de 10 mil 831 niñas, niños y adolescentes mexicanos fueron repatriados desde Estados Unidos, de los cuales, nueve mil 586 viajaron no acompañados.
“El desafío que esto nos presenta es todavía mayor si pensamos en el alcance que debe tener su reincorporación a la vida social y económica, su integración comunitaria y cultural, así como el recuperar o volver a construir su sentido de pertenencia a un entorno que, pese a que fue suyo en algún momento, la condición del retorno vuelve nuevo e incluso puede presentarle obstáculos en materia de educación, salud, interacción social y comunicación”, expuso.
El ombudsman nacional apuntó que las personas que retornan de Estados Unidos tienen, en promedio, un antecedente de 20 o 30 años de trabajo y convivencia en ese país, el retorno implica un cambio radical en su contexto económico y emocional, cuestión que se agrava cuando tal decisión es involuntaria y se les separa súbitamente de su familia, amistades y patrimonio, obligándolos a dejar atrás la posibilidad de mejores condiciones de vida y desarrollo.
El bienestar de las personas en situación de retorno es responsabilidad de los Estados y los gobiernos y ante todas estas facetas y vertientes de la migración de retorno, es claro que las medidas que México debe implementar para dar una respuesta adecuada a dicho fenómeno trascienden por mucho las cartillas informativas, la agilización de trámites fronterizos o el acompañamiento en el camino de regreso, enfatizó.
“El retorno significa la oportunidad para el país de corregirlo, lo que en un momento atrás no pudo hacer. Por eso, debemos de tener esa mirada desde una perspectiva de derechos humanos”, abundó.
González Pérez resaltó que el mundo ha cambiado y las migraciones son parte esencial de la riqueza y el bienestar de las naciones.
“El reconocimiento y respeto de los derechos humanos no puede asumirse como un patrimonio exclusivo de algunas personas ni condicionarse a la posesión de un documento o estatus migratorio. Hoy más que nunca debemos rechazar la discriminación que se hace de las personas extranjeras, reiterar nuestro más enérgico rechazo a la xenofobia, así como a la construcción de discursos de odio basados en falsas supremacías entre personas”, concluyó.
fahl