La principal metáfora verbalizada en nuestro país en contra del Sistema Penal Acusatorio es que aquel se convierte en una “puerta giratoria”, de forma que los delincuentes detenidos con enorme esfuerzo pueden ser liberados con relativa prontitud.

Para los ciudadanos víctimas de delitos, incluso de robo sin violencia de celulares, por ejemplo, el castigo debe ser detener a los responsables y, preferentemente, recluirlos en una de las instalaciones locales y federales con las cuales, en una hipótesis muy esperanzadora, pero falsa -hasta el momento-, se inicia un proceso de reinserción social tras la pérdida de la libertad.

La ciudadanía no ha sido nunca convencida, mayoritaria y claramente, por las bondades atribuidas a un sistema que presenta la probabilidad de acuerdos resarcitorios o coloca en primer lugar la obligación del Estado de demostrar culpabilidad antes que suponerla anticipadamente.

Los sistemas penitenciarios locales y el federal no han alcanzado su nivel óptimo de administración en los sexenios pasados.

Tampoco se han constituido en eslabones reconstructivos del tejido asociativo al no ser parte de una interacción moderna y eficiente del conjunto de los sistemas de políticas públicas sociales, instituciones de seguridad, de impartición de justicia y de medios de difusión colocados en una mejor disposición que la nota roja en una disputa inevitable por las audiencias.

Sobre todo, el Sistema Penal Acusatorio es cuestionado por no modificar la capacidad de realizar aprehensiones duraderas.

Es en ese contexto en el cual puede situarse el respaldo legislativo generalizado que recibió la propuesta para modificar el artículo 19 constitucional, que implica la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y sin derecho a fianza.

Un dato: en la capital del país, según voces empresariales y de algunos analistas, durante la vigencia del Sistema Penal Acusatorio, mientras “la puerta giratoria” funcionaba, 27 mil presidiarios regresaron a su libertad.

Para esas voces el sistema económico, las familias de los ex detenidos en prisión, los sistemas educativos o las Iglesias no han sido capaces de generar condiciones de reinserción social.

La animosidad de los legisladores a favor de ampliar el catálogo de delitos se basa en una poderosa corriente de opinión.

Por supuesto, existe una coincidencia plena con otros valores de la nueva aplanadora electoral y legislativa que es Morena. Sin embargo, esa agenda está respaldada por las quejas múltiples ante la imposibilidad de correlacionar positivamente a ese sistema con la disminución de la seguridad.

Los criminales aprovecharon, más que la ciudadanía en general, el Sistema Penal Acusatorio; parece ser la conclusión.

@guerrerochipres