Organizaciones civiles, madres trabajadoras y responsables de estancias infantiles presentaron una tercera queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la cual demandaron medidas cautelares para que se restituyan los derechos vulnerados de niños y niñas en todo el país por el recorte de 50% al presupuesto para las estancias infantiles por parte del Gobierno federal.

En una entrevista para 24 HORAS, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), informó que este lunes acudieron a la CNDH para interponer una queja y solicitar a la Comisión una actuación más contunde sobre el tema.

“Ya se presentó una tercera queja ante la Comisión, y en esta nueva queja se están pidiendo medidas cautelares para que de alguna forma se puedan restituir los derechos violentados de niños y niñas que en todo el país, ya se están viendo afectados por el cierre de las estancias infantiles, porque han transcurrido dos meses sin que reciban la transferencia de recursos para seguir operando y dando servicio”, señaló.

Pérez García comentó que el viernes pasado, una comisión integrada por responsables de estancias infantiles se reunieron en la Secretaría de Gobernación a petición de la Presidencia, puesto que, tras su manifestación en el Zócalo, no hubo ningún compromiso por parte de las autoridades; únicamente el de transmitir dicha información a la Secretaria de Bienestar.

“Lo que es preocupante es que se siga usando el argumento de la corrupción o de los pésimos servicios; si ese diagnóstico que es tan malo, porque no lo observó la Auditoría Superior de la Federación ni el Coneval, que son dos instancias independientes y que obviamente no se coordinan entre ellas, nos hace dudar de la información presentada hasta este momento”, aseveró.

Para el director del REDIM, la evidencia que se tiene de los programas de transferencia
monetaria “llámese Solidaridad, Oportunidad, Progresa o Bienestar o el nombre que le vayan a poner, no han superado la pobreza, lo que sí han creado son clientelas electorales”.

Frase:

“El 47% de la población mexicana es pobre, y tenemos más de 30 años con este tipo de programas desde la administración de Salinas de Gortari. Lo que sí hay evidencia en 30 años, es que no se supera la pobreza, pero sí hay evidencia de que sí se estimula el consumo de mercado local, y hay evidencia de que se usa para fines electorales”, criticó.

Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la REDIM

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