Washington.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó hoy su preocupación por el agravamiento de la situación de violencia y desabastecimiento en Haití, e instó al Estado buscar una solución a la crisis mediante un diálogo pacífico e inclusivo.
La entidad decidió instalar una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI) con el objeto de monitorear y dar respuesta a la situación de derechos humanos en Haití, a partir del pasado 7 de febrero, cuando comenzaron los disturbios.
De acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), hasta el momento han muerto más de 26 personas y 77 resultado heridas en el marco de las protestas contra la corrupción y la situación económica que vive el país.
Durante las jornadas se han registrado bloqueos de calles y carreteras, violencia dirigida a manifestantes, disparos, detención de personas, desabasto de bienes y servicios esenciales de alimentación, agua potable y salud, de gas y electricidad; el paro de actividades económicas, y el cierre de escuelas, aduanas y aeropuertos.
La CIDH observó que en respuesta a la grave situación en la que se encuentra el país, el pasado 16 de febrero, el presidente Jovenel Moise adoptó nueve medidas de urgencia, en primer lugar el corte del presupuesto del primer ministro en un 30 por ciento y la eliminación de privilegios de los funcionarios altos del Estado.
También dispuso que la Corte Superior de Cuentas auditara a las empresas autónomas del Estado, eliminar monopolios, aumentar el salario a obreros manufactureros, recuperar el dinero perdido por fraude en PetroCaribe, y la designación de nuevas autoridades financieras y contra la corrupción.
Miles de haitianos han salido a las calles desde hace 20 días para pedir la renuncia de Moise, quien no ha cumplido sus promesas de sacar al país de la pobreza desde hace dos años.
Frente a la violencia, la CIDH exhortó al Estado a respetar el ejercicio de la protesta social, una de las formas de ejercer el derecho de reunión y la libertad de expresión, y que no puede ser vista como una amenaza al orden público.
También instó al Estado haitiano a garantizar que en las movilizaciones sociales que se realicen en ejercicio del derecho de reunión y manifestación pacífica, se protejan los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal de todos y todas quienes se manifiestan.
La presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena apuntó que “son esenciales los mecanismos de diálogo que aseguren la paz, la reconciliación y garanticen verdad, justicia y la reparación a que tienen derecho las víctimas, especialmente familias que han perdido a sus seres queridos”.
fahl