El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició el análisis de la acción de inconstitucionalidad 89/2016 promovida por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Deuda Pública para el estado de Chihuahua y sus municipios.
De dicha norma se impugnan las disposiciones normativas del Artículo 23, penúltimo párrafo, y el Artículo 35, párrafo primero, en las partes que se considera deberían declararse inválidos, en el sentido de que las operaciones de crédito que se realicen no pueden aplicarse a gasto corriente.
En el proyecto que realizó el ministro Fernando Franco González Salas se señala que el Artículo 35 de la Ley de Deuda Pública para Chihuahua y sus municipios, pese a prever la prohibición de realizar cualquier operación de crédito público que tenga por objeto financiar gasto corriente, no lo hace en términos absolutos, sino más bien lo contempla como una regla general que admite excepciones.
Tales excepciones permiten que el estado y sus municipios sí puedan adquirir deuda pública para financiar gasto corriente en diversos supuestos.
En tanto el Artículo 23, en las partes que se considera deben declararse inválidas, el proyecto indica que transgrede el principio de seguridad jurídica contenida en el Artículo 16 de la Constitución, pues permitiría que sea posible que se interprete que los ayuntamientos sí podrían contratar empréstitos para sufragar gasto corriente.
De acuerdo con el Artículo 117, fracción Vlll, de la Constitución, los estados y municipios no podrán contraer empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas o a su refinanciamiento o reestructura.
En la próxima sesión pública el pleno de ministros continuará el estudio de la acción de inconstitucionalidad promovida por la PGR.
jhs