La Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió un presunto desfalcó de 378.5 millones de pesos en Diconsa, por la subcontratación de empresas e instituciones educativas para diversos servicios.
De acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2017, el órgano encargado de la venta de productos de canasta básica a precios preferenciales, contrató a dos instituciones educativas de Veracruz y Estado de México, para tareas en las que no tenían la capacidad operativa.
Diconsa contrató los servicios del Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y del Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan, “de los cuales se constató que no contaban con la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios a los que se comprometieron”.
La ASF concluyó que esas instituciones mintieron, con el aval de Diconsa, para simular que contaban con la capacidad técnica, por lo que el Tecnológico de Cosamaloapan y la UAEM subcontrataron a otras empresas para cumplir con los servicios.
Dicha triangulación resultó improcedente porque “dos de las empresas que presuntamente participaron en la investigación de mercado negaron haberlo hecho, lo que evidencia irregularidades en la asignación de contratos”.
A pesar de que el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica de la Universidad Autónoma del Estado de México no cumplió con la entrega de los servicios ni con el soporte documental correspondiente, Diconsa firmó que los contratos se cumplieron satisfactoriamente.
La mayor irregularidad fue por 325.2 millones de pesos, porque Diconsa contrató al Fondo de la Universidad Autónoma del Estado de México por el concepto de “apoyó en diversas actividades”, y ésta a su vez, subcontrató a dos empresas que no cumplieron.
Las empresas subcontratadas fueron Personal Som Kan e IT Solucionamos y Administramos, de las cuales, la Auditoría detectó que reportaron, en su informe anual, al Servicio de Administración Tributaria (SAT), menos ingresos de los que les pagó la UAEM para realizar los trabajos originalmente solicitados por Diconsa.
En el caso de Personal Som Kan, los auditores le realizaron una inspección física y constataron que, desde agosto de 2018, ya no se encontraba en el domicilio fiscal y no había manera de localizarla, además de que nunca tuvo empleados dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Diconsa tiene 30 días para entregar la documentación que compruebe que se realizaron los servicios contratados a las instituciones educativas.
LEG