Mientras Estados Unidos planea extender un programa para que migrantes centroamericanos sean devueltos a México en espera de respuesta a su solicitud de asilo, activistas y funcionarios temen que la medida pueda desbordar las saturadas fronteras durante el proceso que podría demorar meses.
A fines de enero, como parte de una inédita estrategia del presidente Donald Trump, Estados Unidos comenzó a devolver a decenas de centroamericanos a México a través de la ciudad fronteriza Tijuana, en un intento de frenar la llegada de migrantes por medio del asilo a su país.
El viernes, un funcionario estadounidense dijo que varias agencias gubernamentales se reunieron para discutir la ampliación de la política a más ciudades fronterizas, a pesar de que grupos de derecha han demandado al gobierno de Trump cancelar el programa que aseguran infringe la ley.
El funcionario, que habló con Reuters bajo condición de anonimato, dijo que el programa probablemente se ampliaría en las próximas semanas, y agregó que una opción era la frontera entre El Paso y Ciudad Juárez, que registró un aumento en la llegada de migrantes este año.
En espera de conocer el próximo destino de los centroamericanos, muchos de los cuales llegaron en multitudinarias caravanas el año pasado, representantes de organizaciones civiles que ayudan a migrantes en esa frontera aseguran que no están preparados para retornos masivos.
Continúa el calvario
Yanira Esmeralda Chávez, una salvadoreña dedicada a la venta de frutas en su país, que fue retornada por Tijuana junto con su familia, dijo que está preocupada, pues tendrá que esperar hasta finales de mes su primera audiencia de asilo con autoridades migratorias en Estados Unidos.
“Pensé que este calvario había terminado”, comentó decepcionada. Chávez huyó de su casa el año pasado tras recibir amenazas de muerte por negarse a entregar a su hijo de 11 años a las filas de un grupo delictivo en El salvador.
“No tengo a dónde ir ni dinero para mí ni para mis hijos. Tengo miedo de estar en México, el crimen aquí es como en mi casa”, agregó la afligida mujer en el refugio Madre Asunta en Tijuana, donde espera con tres de sus hijos el día de su primera audiencia de inmigración.
Críticos del sistema de asilo aseguran que la larga espera en México podría reducir el número de solicitudes del trámite que tradicionalmente se desarrollaba en Estados Unidos, donde los solicitantes aguardaban con familiares en ese país.
El director del Instituto Nacional de Inmigración (INM) de México, Tonatiuh Guillén, reconoció que las ciudades fronterizas del país tendrían dificultades para cuidar a los solicitantes que, tras una larga espera, quedan vulnerables.
“Si aumentara sí habría dificultades serias, sobre todo desde la perspectiva de albergues porque las ciudades fronterizas ya están saturadas en ese aspecto”, dijo Guillén.
Autoridades de Ciudad Juárez dijeron el 19 de febrero que funcionarios de Estados Unidos les notificaron que un promedio de 10 solicitantes de asilo por día serían devueltos por esa frontera comenzando en dos semanas y que se esperaba que permanecieran allí por tres o cuatro meses.
El viernes por la noche, el INM dijo en un comunicado que había cerrado las estaciones migratorias de Morelia, Acapulco, Nogales, Tuxpan y Reynosa porque carecerían de las condiciones mínimas requeridas para los refugios.
Autoridades locales y consulares de ambos países se reunieron más temprano en el día en El Paso para discutir sobre posibles nuevos regresos de centroamericanos.
“En la reunión se cuestionó a las autoridades de Estados Unidos con qué recursos se haría frente a estos posibles nuevos retornos”, dijo Rogelio Pinal, director de Derechos Humanos del gobierno de Ciudad Juárez, quien aseguró que las pláticas continuarían.
Problemas en Tijuana
Hasta el momento, el proyecto piloto no ha disminuido los casos de asilo.
“El Gobierno mexicano no está considerando esta gran problemática que en los albergues ahora tenemos que enfrentar (…) se lavan las manos al decir que centroamericanos pueden entrar a México, pero nada más”, dijo Salome Lima, colaboradora del albergue Madre Asunta.
La trabajadora social dijo que alrededor de 700 mexicanos son deportados cada semana a esa ciudad, muchos de los cuales se quedan por períodos cortos en refugios sin fines de lucro antes de seguir adelante. Los centroamericanos que esperan audiencias de asilo necesitarán alojamiento por períodos mucho más largos.
Lima dijo que esperaba que Madre Asunta ofreciera refugio a los retornados solo hasta su primera audiencia de inmigración, que en el caso de las primeras familias sería aproximadamente seis semanas después de que fueron regresados a México a mediados de febrero.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador recortó este año unos 55 millones de dólares que eran destinados a organizaciones de migrantes que por años se han hecho cargo de estas tareas, como parte de un cambio en su política de financiamiento a organizaciones sin fines de lucro.
“El gobierno federal decidió desafortunadamente cortar estos fondos en el peor momento de esta crisis”, dijo José Moreno, presidente de la Coalición de Migrantes en Baja California donde hasta ahora unos 150 migrantes centroamericanos han sido retornados.
fahl