Foto: Cuartoscuro Las sanciones que se proponen en el ámbito administrativo son: destitución o inhabilitación para desempeñar otro cargo, empleo o comisión pública por un periodo de entre seis meses y 14 años  

Sin cambios a la minuta enviada por la Cámara de Diputados, el Senado de la República, aprobó la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos que establece que ningún funcionario podrá ganar más que el Presidente de la República y sanciones de hasta 12 años de prisión a quien acepte o autorice un salario mayor, por lo que pasan al Ejecutivo para su promulgación.

Con la mayoría de Morena, 75 votos a favor y 37 abstenciones, se logró que en el tabulador, también se incluya al Poder Judicial y se señala que quien autorice, acepte o no notifique ni devuelva en un plazo máximo de 30 días el excedente de su salario, incurrirá en el delito de cohecho.

La senadora del PAN, Minerva Hernández dijo que impedir que integrantes del Poder Judicial ganen más que el Presidente, trastoca su autonomía y es una falta de respeto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que incluso, ordenó la suspensión de esta Ley.

“No podemos desde este Senado, avanzar con la aprobación de una ley, cuyos diversos aspectos de constitucionalidad, están apenas siendo estudiados y analizados por los ministros de la Corte”.
Aclaró que con la aprobación de dicha ley, se corre el riesgo de que pudieran reitearse algunos vicios de inconstitucionalidad que ocasionarían la interposición de nuevos medios de defensa para reclamar su desapego a la constitución.

Ante ello, el senador del PRD, Miguel Angel Mancera, alertó a los funcionarios revisar bien su recibo para no incurrir en este delito.

“Te equivocaste y lo autorizas y ya vas a incurrir en el delito, ¿así nada más? ¿a cuánta gente se va a poder amenazar con este delito? Pues ustedes calcúlenle”, señaló y propuso agregar la palabra “dolosamente” y así evitar un mal uso de la ley.

En ese sentido, las bancada del PAN y del PRI votaron en abstención de dictamen, que propone penas de entre tres meses y 12 años de cárcel para quienes autoricen salarios por encima de los tabuladores y multas de entre dos mil 500 y 94 mil 490 pesos por no hacer devoluciones.

Las sanciones que se proponen en el ámbito administrativo son: destitución o inhabilitación para desempeñar otro cargo, empleo o comisión pública por un periodo de entre seis meses y 14 años.

 

DAMG