Utilizando sus propias palabras, no es ilegal que el presidente López Obrador haya enviado una terna para ocupar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación conformada por mujeres que podrían tener un conflicto de interés.
No, no es ilegal porque ninguna de las tres exitosas profesionistas tienen algún impedimento legal o jurídico para participar en el concurso…, pero es inmoral.
Las tres tienen cercanía con el Presidente y su partido.
Yasmín Esquivel Mossa, actual presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la CDMX, es esposa del contratista preferido de López Obrador, José María Riobóo.
El constructor no tiene un puesto oficial en el gabinete, pero funge como asesor de grandes proyectos como el aeropuerto en Santa Lucía y el Tren Maya.
De hecho, el primer “estudio’’ que recibió López Obrador en contra de la construcción del aeropuerto en Texcoco fue elaborado por Riobóo (el mismo que dijo que se pueden operar los aeropuertos de Santa Lucía y el Benito Juárez “porque los aviones se repelen).
Y aunque trató, Esquivel no convenció a los senadores de oposición de que su criterio es autónomo.
Loretta Ortiz Ahlf es doctora en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo por la Universidad a Distancia de España y cuenta con una maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
Es licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho.
Su esposo es José Agustín Ortiz Pinchetti, que fue secretario de Gobierno con López Obrador cuando éste ocupó la Jefatura de Gobierno del DF (hoy CDMX) y quien figura como asesor en la elaboración de la Cartilla Moral que impulsa el gobierno de López Obrador.
Celia Maya García es magistrada del Tribunal Superior de Justicia del estado de Querétaro; es doctora en Derecho por la misma universidad.
Tiene 40 años como juzgadora.
En 2015 buscó la gubernatura de Querétaro de la mano de Morena; en 2018 volvió a competir con la bandera de Morena para llegar al Senado.
Como ve, las tres candidatas a la Corte son profesionistas exitosas, pero con un probable conflicto de interés por sus relaciones personales y partidistas.
Igual que los ex Presidentes que encontraron empleo en empresas del sector energético y de comunicaciones, una vez cumplido el plazo de un año después de dejar su cargo público, como marca la ley.
López Obrador los exhibió por varios días para terminar reconociendo que su trabajo no era ilegal, pero era inmoral por el conflicto de intereses.
¿Y esto? ¿No es lo mismo, pero es igual?
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Por cierto, luego de que la Comisión de Justicia del Senado –mejor dicho, la mayoría de Morena- declarara la idoneidad de la terna, mañana será sometida a votación en el pleno.
Morena no tiene los 85 votos que se requieren –en el caso de que acudieran los 128 senadores a la sesión- para la mayoría calificada, por lo que el éxito en sacar adelante a alguna de las candidatas del Presidente depende en buena medida de lo que pueda negociar hoy Ricardo Monreal con la oposición.
PRI, PAN y PRD ya dijeron que votarán en contra.
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El presidente el turno de la Conago, Alejandro Moreno, anunció que los gobernadores fijarán una posición unitaria de cara a los abucheos armados por las dirigencias de Morena en los estados cada que acude López Obrador.
Se habían tardado.
LEG