El crimen organizado transnacional (COT) se ha convertido en un problema grave para muchos Estados en las últimas décadas. Su adaptabilidad le ha permitido alcanzar todas los rincones del mundo, poniendo en peligro a millones de personas, particularmente a aquellas afectadas por la pobreza y los Estados débiles, así como distorsionando los mercados.
A través de nuevas alianzas, regiones y continentes ahora están interconectados para el COT por medio del transporte, la comunicación y los recursos financieros, lo que dificulta que las autoridades identifiquen a un grupo en particular dedicado a ilícitos dentro de una frontera. Además, el COT mancha la política y el gobierno al revelar los límites de la aplicación de la ley y la inefectividad de las políticas ofrecidas al ciudadano (UNODC, 2010).
En regiones como la Unión Europea (UE), la lucha contra el COT ha encontrado obstáculos internos como: 1) incongruencia entre la retórica oficial y las políticas ejecutadas; 2) un marco legal inconsistente contra el COT originado desde fuera de la UE; y 3) diferentes concepciones de cada país ante delitos como el tráfico de drogas o de personas (Carrapico, 2013). Esto se debe, en parte, a la ambigüedad en la definición de la UE sobre qué constituye exactamente el COT, situación que ha obstaculizado la homogeneización de las políticas nacionales y subnacionales en esta comunidad política (Allum y Den Boer, 2013).
En un sentido más amplio, la globalización y la liberalización económica post-Guerra Fría han desempeñado un papel crucial en la expansión a nuevas formas de organización delictiva y a nuevas oportunidades de ganancias para el COT, en varias partes del mundo. Dichos procesos de apertura trajeron consigo mayor cooperación económica y política entre los Estados para enfrentar el COT (si bien no siempre de manera efectiva), pero también orillaron a este a profundizar la diversificación de sus negocios y a una mayor coordinación transfronteriza entre grupos delictivos para burlar las leyes (Giraldo y Trinkunas, 2010).
Un ejemplo de la ausencia de una fuerza de inteligencia policial coordinada dentro de una alianza comercial importante, se da ante el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre EE. UU., Canadá y México. Desde la entrada en vigor del mismo, en 1994, el creciente flujo de embarcaciones que comenzó a llegar a EE. UU. gracias a las nuevas estipulaciones comerciales, hizo que la inspección y el monitoreo de estas (y por lo tanto, la lucha contra el tráfico de drogas, de personas y otros delitos relacionados a este tipo de transporte) fuese mucho más compleja para las autoridades estadounidenses (Smith, 2010).
En el caso particular del TLCAN, un proceso para homogeneizar leyes, protocolos e incluso la constitución de una fuerza de inteligencia policial coordinada entre nuestros países, como la EUROPOL en la UE (con todas sus limitaciones operativas y legales), parece poco probable debido a los intereses estadounidenses de no compartir poderes de decisión (ibid).
DAMG