Con el fin de evitar corrupción entre servidores públicos y particulares, las comisiones unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado, aprobaron reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Código Penal Federal, en materia de inhabilitación temporal y permanente a servidores públicos y a particulares por actos de corrupción.
La propuesta, faculta al Tribunal Federal de Justicia Administrativa imponer faltas administrativas graves, la pena de destitución y la inhabilitación temporal o definitiva para desempeñar empleo, cargo o comisión pública a quienes violen la ley.
También impediría a los responsables participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación.
La inhabilitación temporal específica, se dará cuando no se causen daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, o cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no exceda 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y será por un plazo de uno y hasta 10 años.
La inhabilitación definitiva procederá si el monto de la afectación o beneficio obtenido excede el límite de 200 veces el valor diario de la UMA.