La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó ante instancias internacionales la Recomendación por Violaciones Graves de Derechos Humanos 15VG/2018 sobre el caso Iguala, en la que pide se analicen restos óseos encontrados en el basurero de Cocula, Guerrero, y en el Río San Juan para determinar el paradero de los estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014.
El organismo defensor explicó que su investigación para determinar violaciones a derechos humanos confirma la existencia de una vinculación clara y previa entre autoridades y crimen organizado, así como convivencia o confabulación de autoridades federales, locales y municipales para propiciar, permitir o abstenerse de actuar ante tales vínculos.
Destacó que una prioridad básica para la Comisión ha sido conocer el paradero y destino de los normalistas desaparecidos, y refrendó ante diversas instancias internacionales su compromiso con las víctimas y con el derecho a la verdad de lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, en que perdieron la vida seis personas, 42 más resultaron lesionadas y desaparecieron 43 estudiantes.
“Por lo cual llama la atención para que de los más de 63 mil fragmentos óseos que habrían sido recuperados en el basurero de Cocula y en el Río San Juan, se analice genéticamente la muestra de 114 restos óseos y odontológicos seleccionados por el equipo pericial de la CNDH” que resguarda la Fiscalía General de la República”, subrayó en un comunicado.
El organismo defensor expuso que dicha acción podrá definir con certeza el destino de los estudiantes hasta ahora considerados como desaparecidos, por lo que estimó que como primera acción, las instancias de gobierno deben enviar a la Universidad de Innsbruk, Austria, los restos propuestos por la CNDH, para que su análisis genético determine si corresponden a los normalistas de Ayotzinapa.
“La identidad de los mismos es trascendente ante la realidad de 40 mil personas desaparecidas en el país”, indicó.
La recomendación está dirigida a 17 autoridades, entre ellas la Presidencia de la República, secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de la Función Pública y de Educación Pública.
Subrayó que el documento representa lo más apegado a la verdad de lo ocurrido en dicho caso, “que se volvió emblemático de la descomposición institucional y social que enfrenta México, de ahí que haya hecho públicas sus evidencias”.
La CNDH refrendó su disposición a que se estudien, analicen y discuta lo que es de especial relevancia y utilidad en cuanto a la evidencia científica y opiniones expertas, por lo que enfatizó su postura de que la ciencia hable.
Reiteró su bienvenida a la Comisión de la Verdad implementada por el gobierno federal y señaló su decisión a colaborar desde su autonomía y en el ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales.
La Recomendación 15VG/2018, que contiene 128 Puntos Recomendatorios específicos, fue presentada en sendas reuniones ante la Unión Europea con la representación especial para los Derechos Humanos en Bruselas, Bélgica, en la sede de la Asociación para la Prevención de la Tortura y en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.
Subrayó que el alcance y duración del trabajo desarrollado que dio como resultado referida recomendación, “enfrentó la falta de información confiable remitida por las autoridades que en ámbitos distintos desarrollaban la investigación del caso, así como por las negativas y obstáculos para el desarrollo de sus labores”.
En los encuentros en Bruselas, Bélgica, y Ginebra, Suiza, se informó que la determinación sobre la existencia de violaciones a los derechos humanos emitida por la Comisión fue producto de una investigación exhaustiva, multidisciplinaria, científica e integral consistente en un millón 100 hojas integradas en mil 255 tomos y 165 anexos.
La CNDH precisó que entre algunas diligencias para esta investigación están 672 entrevistas, 500 acciones de atención a víctimas, 223 intervenciones periciales, dos mil 927 revisiones periciales y la revisión de mil 128 tomos correspondientes a 41 expedientes penales y judiciales, así como 724 visitas de campo y formulación de mil 890 requerimientos de información a autoridades e instancias privadas.
DAMG