En vísperas que la Cámara de Diputados declare la constitucionalidad de la creación de la Guardia Nacional, diputados de diversas fuerzas políticas reiteraron que no se militarizará el país y se respetarán los derechos humanos.
En parlamento abierto y luego de que 32 Congresos locales avalaron esa institución, la legisladora María Alemán, del Partido Revolucionaria Institucional (PRI), indicó que es bueno que el Ejecutivo federal haya rectificado y aceptado que se requiere la presencia de las Fuerzas Armadas colaborando en funciones de seguridad pública en las calles.
Sostuvo que Guardia Nacional no significa militarizar al país, porque es una fuerza de carácter civil y aseveró que habrá controles democráticos sobre la institución, pues el Senado de la República deberá aprobar su informe anual, como un mecanismo de supervisión.
En tanto, María Guillermina Alvarado Moreno advirtió que falta mucho por hacer en el tema de inseguridad, pero afirmó que el Congreso estará trabajando constantemente para que la Guardia Nacional logre sus objetivos.
La legisladora de Morena dijo que la institución coadyuvará en el trabajo que hacen las policías municipales y estatales en el combate a la inseguridad y sostuvo que los cambios en el dictamen se dieron gracias al ejercicio de parlamento abierto en el Congreso y a la participación ciudadana.
En tanto, Pilar Ortega, del Partido Acción Nacional (PAN), explicó que este es un instrumento legislativo con un genuino interés de todas las fuerzas políticas para dotar de instrumentos al Estado para combatir la inseguridad.
Afirmó que el peligro de militarización para el país se eliminó con las modificaciones que hizo el Senado de la República al dictamen que se avaló en San Lázaro.
En su opinión, no hay duda de que el mando de la Guardia Nacional será civil porque así está especificado en la reforma constitucional. Habrá una permanente vigilancia del Congreso, agregó.
En tanto, la diputada Carmen Julia Prudencio, de Movimiento Ciudadano, expresó que con la Guardia Nacional la gente espera ver una diferencia en el tema de seguridad, que no haya más impunidad y confió que esta estrategia de seguridad pueda tener éxito.
Manifestó que se requiere que dicho cuerpo de seguridad coadyuve con el Ministerio Público y explicó que ello se analizará al discutir la ley en la meteria que debe ser aprobada por el Congreso.
Benjamín Robles, del Partido del Trabajo (PT), explicó que, promulgada la reforma sobre Guardia Nacional, el Congreso tendrá un periodo para expedir leyes para limitar el uso de la fuerza pública y sobre un registro de detenidos.
En su turno, el legislador Jorge Argüelles, de Encuentro Social, destacó que el Congreso trabajará en otras leyes para que los delincuentes paguen, pues “necesitamos encerrar a todos aquellos que violentan las calles y debemos cuidar a las víctimas”.
A su parecer, con la Guardia Nacional se pone orden en la participación de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad, pues el desorden generó desconfianza en la ciudadanía.
Reiteró que dicho cuerpo de seguridad es un instrumento de mando civil, independientemente de que el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, también es un civil.
DAMG