Las estancias infantiles son establecimientos mercantiles de carácter privado y, por tanto, el Gobierno de México no está facultado para abrirlas o cerrarlas, sino que lo hacían a través de permisos dados por los municipios o los estados, aseguró Ariadna Montiel, titular de la Secretaría de Bienestar.
La funcionaria reveló que en algunos de estos lugares llegaban a cobrar hasta tres mil 550 pesos a los padres que dejaban a sus hijos.
“Las responsables de las estancias tenían el derecho o la posibilidad, porque eso nunca se normó a lo largo de todos estos años, de cobrar una cuota adicional
“Cobraban los 950 pesos del subsidio más una cuota adicional que, en promedio, era de 800 pesos; pero tenemos más de mil 500 que cobraban arriba de mil 800, y algunas cobraban mucho menos”, dijo Montiel en una reunión con las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Igualdad de Género y Atención a Grupos Vulnerables, entre otras.
Destacó el caso de las estancias en las zonas indígenas, donde no se cobraba ninguna cuota adicional “y las estancias salían adelante”.
La funcionaria detalló la creación de esos lugares, los cuales recibían 70 mil pesos como un impulso para adecuar casas habitación ante la falta de lugares donde madres trabajadoras podían dejar a sus hijos.
Sostuvo que el ajuste presupuestal para ese programa no es el motivo por el que se cambió la política de entrega de recursos, sino los “problemas de corrupción de los funcionarios de Sedesol, porque ellos definían a quiénes se les otorgaba el apoyo, y no había proceso de focalización”.
Más tarde, el diputado, Mario Mata (PAN), informó que ganó 110 amparos para suspender provisionalmente el actual programa de estancias infantiles y sus reglas de operación en el estado de Chihuahua.
Alcalde de Parral presenta impugnación
Por: Alejandro Granados
El alcalde de Parral, Chihuahua, Jorge Alfredo Lozoya, impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cambio de reglas de operación de las estancias infantiles.
La tarde de ayer presentó una ampliación a la controversia constitucional que interpuso en febrero contra el Gobierno federal por la reducción del 50% en el presupuesto asignado.
“Hay algunos aspectos importantes para hacer esta ampliación. Yo estoy convencido de que la Suprema Corte le agradará ver estos nuevos escenarios que están en la mesa, y que uno de ellos es las reglas de operación que ya se publicaron”, refirió.
LEG