En una hora con 16 minutos de discurso con motivo de los 100 días de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador pronunció la palabra “corrupción” en 14 ocasiones.

En promedio, el Ejecutivo Federal se refirió al combate, o las prácticas en pasadas administraciones, de la corrupción, cada cinco minutos. El mensaje no puede ser más claro: la ciudadanía está harta de esto, y el Gobierno federal no tolerará que siga ocurriendo.

Para ello, López Obrador encabezará una cruzada para limpiar cada rincón de la administración federal de todo lo que suponga algún acto en quebranto de las finanzas públicas. La tarea no será fácil, si no pasa por la permanente supervisión de la totalidad del personal de las dependencias encargadas de instrumentar los programas sociales del Gobierno.

Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), que encabeza Ignacio Ovalle, debe emprender esa supervisión de manera inmediata, luego de que ya existen dos señalamientos sobre probables irregularidades.

La primera, que ya tiene una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), fue derivado de dos contratos irregulares, uno de ellos por un contrato de más de dos mil millones de pesos y otro cuyos recursos serían del orden de 500 millones de pesos, para fijar tarifas de transporte.

Otra operación cuya finalidad resulta, por lo menos, sospechosa es que a pesar de que en la administración pasada se detectaron algunas irregularidades en el servicio de nómina de DICONSA, las cuales se encuentran bajo el escrutinio de la ASF, y ahora pareciera repetirse el esquema.

Ovalle Fernández, quien goza de la confianza del Presidente, y cuenta con una amplia experiencia como servidor público, tiene en sus manos la posibilidad de eliminar cualquier sombra de sospecha que caiga sobre la sospecha que despierta que uno de sus colaboradores pretenda otorgar por adjudicación directa el contrato para la administración de nómina de todo 2019 a una empresa que no cuenta con los requisitos legales.

Tanto en el asunto que se encuentra en manos de la ASF, como en la intención de este año, el nombre de René Gavira se repite. En otros procesos…

La alcaldía de Tlalnepantla, a cargo de Raciel Pérez Cruz, subió en la calificación a la calidad crediticia que otorga la calificadora Fitch Ratings. La perspectiva del municipio en el Estado de México pasó de “A+” a un “AA-(mex)”, es decir, de estable de positiva.

La nota destaca una generación elevada de ahorro interno derivada de una capacidad alta para recaudar, así como su relevancia económica en el contexto estatal y nacional.

Y en donde habrá que poner orden o al menos verificar el trabajo de los funcionarios es en la Fiscalía General de la Nación. Nos cuentan que varios de los servidores públicos de la pasada administración siguen armando los casos con diversas irregularidades, además de no dar un estricto seguimiento a los casos que llegan a las manos del Poder Judicial federal. Nos dicen que incluso los jueces están por hacer un llamado de atención, pues los errores en la integración de los expedientes son tan graves que pareciera que más que descuido, son entregados con toda la intención de que se ponga en libertad a los detenidos.