“La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo.
Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.
El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
El debate postelectoral continúa. Si bien la confrontación de ideas y proyectos debe ser bienvenida y fomentada, eso no debe llevar a la paralización de las medidas legislativas que requiere el país. La iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados la semana pasada, en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato, es una de ellas, pues además de que cumple con un compromiso de campaña del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, también es cierto que en diferentes momentos, los partidos políticos han promovido la medida en las legislaciones locales. Es así como en casi todas las entidades del país ya se considera la revocación de mandato en sus constituciones locales.
El caso más próximo -que por cierto no se considera en el Dictamen de la Comisión que determinó la iniciativa- es la Constitución Política de la Ciudad de México, que entró en vigor el 17 de septiembre del año pasado. Durante los debates del Constituyente local, en enero de 2107, con una cerrada votación de 60 sufragios a favor, 23 en contra y tres abstenciones, se aprobó incluir la revocación de mandato como actualmente consta en el artículo 25, en el capítulo relativo a la “Democracia Directa, Participativa y Representativa”. Pero es importante resaltar que la iniciativa fue aprobada por los diputados del PRD, Morena, la mayoría del PAN y Movimiento Ciudadano.
Todo lo anterior quiere decir que en casi todas las entidades del país es aplicable el derecho de remover autoridades locales, y era asignatura pendiente elevarla a rango constitucional para que también el Presidente de la República y los legisladores federales fueran incluidos. Lo que en esencia representa un cambio significativo que atiende el precepto constitucional consagrado en el artículo 39 de nuestra Carta Magna.
En congruencia con nuestros principios, y por ser una demanda de la izquierda desde hace años, el grupo de diputados independientes en la 64 legislatura, integrado por las diputadas y diputados Ricardo Gallardo, Carlos Torres Piña, Lilia Villafuerte, Luz Estefanía Rosas, Héctor Serrano, Emmanuel Reyes y quien esto escribe, dimos nuestro voto favorable a la iniciativa que, dicho modestamente, contribuyó a que ésta fuera aprobada y turnada al Senado.
También es importante resaltar que lo aprobado en San Lázaro deja inalterable lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución sobre la reelección que, además, ya ha sido ratificado por el Ejecutivo federal. De aprobarse la iniciativa en el Senado, los ciudadanos podrán ser actores en las principales decisiones del país. Como bien lo señaló Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara, “ya no basta con tener mayorías en las cámaras; se debe tener apoyo de la ciudadanía para las reformas más importantes y las decisiones más relevantes que afectan a todos los mexicanos”.