Las recientes sanciones de Estados Unidos a las transferencias financieras vinculadas a la venta de petróleo venezolano pueden agravar la crisis económica en el país, donde además se ha reprimido a la disidencia pacífica con uso excesivo de la fuerza.
Son algunas de las conclusiones expuestas ayer por la chilena Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Muertes y torturas perpetradas por fuerzas de seguridad venezolanas, respaldadas por milicias progubernamentales han sido documentadas, agregó.
Las autoridades venezolanas se han negado a reconocer el alcance y la gravedad de la crisis sanitaria y alimentaria que ha llevado a más de tres millones de venezolanos a huir al extranjero, dado que han adoptado medidas insuficientes, expuso ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.
La ONU investiga denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, pues en 2018 se informó de al menos 205 muertes, y sólo durante enero pasado, en Caracas, hubo 37 asesinatos más.
Las muertes se han atribuido a las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que actuaría conforme a un patrón.
“Ocurren durante allanamientos ilegales a domicilios”, la mayoría en barrios pobres, y se notifican como bajas por confrontación armada, detalló.
Asimismo, manifestó su preocupación por el aumento de las restricciones a la libertad de expresión y de prensa, y las alegaciones de que las autoridades han usado arbitrariamente la ley contra el odio para imputar a periodistas, opositores y a cualquiera que exprese opiniones disidentes.
Bachelet también lamentó que más de un millón de niños hayan abandonado la escuela por diversas carencias, como falta de docentes.
Una misión técnica de la ONU está en Venezuela para estudiar una posible visita de Bachelet. La funcionaria pidió al dictador Nicolás Maduro garantizar el acceso a su equipo sin represalias.
Hay crisis militar: general exiliado
El general venezolano Carlos Rotondaro, que escapó a Colombia, dijo que existe una crisis entre los militares del país petrolero, y uno de sus problemas es la politización.
Rotondaro presidió durante 10 años (hasta 2017) el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), que se encarga de administrar hospitales públicos y distribuir medicamentos, y fue sancionado por Estados Unidos en marzo de 2018 por una gestión cuestionada.
“Hay una crisis institucional, social, política, económica y militar, la más grave crisis en la historia de Venezuela”, dijo Rotondaro, también exministro de Salud en 2009 y 2010, y quien escapó hace unos días a Colombia sin documentos.
Cientos de oficiales han desertado y cruzado la frontera hacia Colombia, lo que se aceleró luego de una oferta de incentivos jurídicos del opositor Juan Guaidó, quien invocó artículos de la Constitución para declararse Presidente encargado en enero.
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