El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad la resolución mediante la cual se ejerce la facultad de atracción para fijar los criterios tendentes a garantizar los principios de imparcialidad en los comicios ordinarios en cinco estados del país y la extraordinaria en Puebla.
Al presentar el documento, el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello indicó que lo anterior es con relación al uso de recursos públicos, programas sociales y equidad en la contienda, con el fin de evitar acciones que generen presión sobre el electorado.
Luego de instruir que se publicara el documento en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se recordó que las elecciones ordinarias serán el 2 de junio en Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo y en el proceso extraordinario de Puebla; además en Baja California y Puebla se elegirá titular del gobierno local.
Córdova Vianello señaló que la idea de este proyecto es reforzar la difusión de principios y enunciados para garantizar el voto libre e informado y que no se vulneren las reglas que buscan garantizar la equidad de la contienda.
Explicó que con esta resolución se garantiza el principio de legalidad en el actuar de las autoridades que conforman el Sistema Nacional Electoral, a partir de las disposiciones en la Constitución y en las legislaciones en la materia, así como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
A casi dos semanas de que inicien las campañas electorales en dichas entidades federativas, hizo un llamado a que se respeten las reglas del juego político democrático.
“Si se quiere contribuir a que las elecciones locales se desarrollen conforme a los principios constitucionales de equidad e imparcialidad, resulta indispensable que todas las instituciones, los gobiernos, actores políticos y partidistas respetemos las reglas de juego democrático”, subrayó.
Sostuvo que apegarse puntualmente a lo que está en las leyes es la mejor forma de evitar suspicacia con respecto al uso de los recursos públicos y una forma de disminuir posibilidades de que se enfrenten conflictos postelectorales.
Precisó que el proyecto pretende cumplir con cuatro grandes objetivos, inyectar claridad respecto de las leyes y la Constitución, ya que esas normas han determinado, como producto de los consensos de los partidos políticos, la forma de evitar la coacción o la presión sobre el electorado.
Además la regulación del principio de imparcialidad que obliga a todos los servidores públicos a respetar lo establecido en la ley, y regular lo que tiene que ver con la propaganda gubernamental y los límites a su uso.
En su oportunidad los consejeros electorales Pamela San Martín, Ciro Murayama y Dania Paola Ravel resaltaron la importancia de contar con un documento como este que fija lineamientos claros con relación al uso del los recursos públicos y la propaganda gubernamental.
fahl