A punto de terminar el proceso de creación de la Guardia Nacional con la ley reglamentaria, la tarea de seguridad tendrá que entrarle a la parte más conflictiva de la inseguridad: las Policías estatales y municipales.

Y a pesar de que la responsabilidad no es federal, sino de gobernadores y alcaldes, el trabajo tendrá que ser asumido por el secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño. Y por tres razones: violencia es fuero común, Policías locales están penetradas por delincuentes y gobernadores y alcaldes no tienen idea de qué hacer.

El temor que tienen las autoridades federales radica en el hecho de que no quisieran capacitar mejor a los policías locales en manejo de armas e inteligencia, porque con mucha facilidad se podrían pasar del lado de los delincuentes llevándose información privilegiada. Pero no hay otra manera para elevar la calidad de la seguridad que capacitar a los locales.

Los gobernadores están confiados en endosarle la responsabilidad al Gobierno federal. Y podría ser que los gobernadores no hayan leído los transitorios de la minuta final, porque ahí se establece que el fuero común exige capacitaciones locales; y si los gobernadores piden la Guardia Nacional, tendrán que pagar movilizaciones.

Lo grave del tema es que gobernadores y alcaldes siempre se han quejado de carecer de fuerzas de seguridad, pero a ellos les ha correspondido organizarlas, depurarlas y entrenarlas. Y para ello han recibido dinero que, en el peor de los casos, se ha ido por el caño de la incapacidad o, más grave, los funcionarios lo usaron para otros menesteres.

Por el Séptimo Transitorio de la Ley, los gobernadores tienen medio año para poner orden en sus Policías y presentar un informe al Consejo Nacional de Seguridad Pública. Y 180 días es poco para años de olvido y negligencia.

Así que habrá que esperar qué hará Durazo con los gobernadores incompetentes en seguridad.

Zona Zero

Una de las preguntas que ha quedado en el ambiente quisiera saber por qué los servicios de inteligencia no percibieron la banda huachicolera de José Antonio Yépez Ortiz el Marro y si las autoridades tienen un registro de otras bandas de la misma especialidad con la organización y poder de armas.

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