Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará diversos casos de corrupción relacionados con la compra irregular de medicamentos, casos que involucran a ex funcionarios de la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
Parte de la investigación será presentada por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, quien hace unas semanas reveló que al menos tenía 50 casos en los que saldrían involucradas diversas empresas.
Lo destacable es que parte de estas empresas han hecho contratos ya en la nueva administración con el IMSS y con el ISSSTE, y eso también habrá que investigarlo. Pero el asunto de salud no terminará ahí, ya que existen reportes de que cientos de hospitales se encuentran en pésimas condiciones a lo largo del país.
El panorama no es nada alentador, pues para rescatar los 324 nosocomios y clínicas abandonados en las pasadas administraciones se requieren 14 mil 600 millones de pesos, de acuerdo al último diagnóstico de la Secretaría de Salud Federal. Hay que resaltar que de los 161 centros de salud y hospitales están suspendidos y 163 siguen en construcción, en algunos casos desde hace 15 años.
El gran asunto es que ni los medicamentos ni los nosocomios ayudarán del todo a combatir el problema de salud; existen dos grandes problemas: la corrupción sindical que hay con médicos y enfermeras y el otro es la certificación de médicos.
Este último está representando un gran problema para la comunidad médica, pues no importa que los médicos obtengan maestrías o doctorados; la última palabra para que los médicos estén certificados no es del Gobierno federal, sino de una organización civil.
Hay que recordar que desde 2011, el Gobierno federal modificó la Ley General de Salud para delegar el procedimiento de certificación de médicos especialistas al Comité Normativo de Consejos de Especialidades Médicas AC (Conacem), una organización pública, que en el último año recibió 376 millones de pesos para dar el aval o certificación a los médicos.
Mientras en España y Estados Unidos la certificación en cualquier área de la salud está a cargo de órganos de Gobierno especializados en la materia, además de que ofrece de manera gratuita acceso a una base de datos para corroborar las credenciales del galeno, en México una organización privada acapara millones en recursos.
La problemática ha ido escalando ante el reclamo de algunas agrupaciones de médicos que demandan que la certificación vuelva a ser responsabilidad única del Gobierno, pues consideran que al canalizar los recursos a las arcas del erario, éstos podrían ser administrados y encauzados de maneras más óptimas.
En estos días, la consejería jurídica a cargo de Julio Scherer podría dar la sorpresa de lanzar una iniciativa que devuelva al Estado la certificación y control de los médicos que ejercen en el país. Por años se ha hablado de la corrupción en la Conacem y se quedó tan sólo en investigaciones abiertas.
Hace falta un órgano de Gobierno con especialistas, científicos y expertos que logren dar una mejor certeza de la forma en que se certifica a los galenos.