El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña, hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que dé a conocer los avances en la investigación sobre el espionaje a periodistas, políticos y activistas a través del software Pegasus.
“Espero que primero, el fiscal general de la República nos haga saber algún avance ahora sí ya, a partir de nuestras referencias, y que por supuesto, encause los procedimientos que correspondan”, dijo en entrevista el comisionado al término de la inauguración del oro público Vigilancia del Estado: hacia la implementación de controles democráticos.
Dijo que este informe debería enviarse pronto, pues el instituto mandó hace unas semanas a la Fiscalía General de la República la notificación sobre la resolución emitida respecto al caso, en la que se señalan “inconsecuencias que sí son susceptibles de responsabilidades administrativas y hasta penales que sólo a ellos les puede corresponder seguir”.
El informe fue enviado al Órgano Interno de Control de la FGR sobre “una investigación meticulosa pero apegada y acotada a la posibilidad del uso indebido de datos personales de las personas probablemente espiadas, digitalmente perseguidas”, indicó.
“El ángulo de nuestra intervención fue acotada sólo a la posibilidad de haber encontrado datos personales burlados o maltratados en ese proceso”, dijo al salir de la sede de la Secretaría de la Función Pública (SFP), donde se desarrolló el foro.
Subrayó que “tiene que haber una reacción inmediata” de la fiscalía, pues la resolución emitida por el INAI es de importancia nacional, en consecuencia con las declaraciones de la secretaria de la Función Pública, Eréndira Sandoval, para reforzar la transparencia en el gobierno, y lo que han exigido organizaciones de la sociedad civil que se sintieron amenazadas, perseguidas, ofendidas y lastimadas.
Señaló que el informe no contiene formulaciones de responsabilidad contra ninguna persona, pero sí elementos que deben servir para que se realicen acciones concretas en la investigación, pues se denunció la posibilidad de cualquier ilícito al respecto.
“Lo que encontramos fue que no había evidencias de haber instalado el software de la debida manera, con el protocolo. No se siguieron las debidas medidas de seguridad para alojar un software de esa naturaleza en sus servicios informáticos y eso sí implica y tiene que abrir camino a que se sigan acciones concretas”, afirmó.
TFA