El presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, Benito Nacif, informó que la Unidad de lo Contencioso Electoral de ese organismo está por cerrar la instrucción sobre la queja de la transmisión de promocionales del documental “Populismo en América Latina”, que se difundieron por televisión de paga.

En entrevista, el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) precisó que esta queja está a punto de concluir y enviarse a la Sala Especializada del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que dictamine si dichos spots son propaganda política en la campaña presidencial para los comicios del 1 de julio de 2018.

Recordó que la Unidad de lo Contencioso del INE solicitó, hace unos 10 días, el expediente a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del caso de la presunta “campaña negra” que denunció Santiago Nieto, titular de esa área del gobierno federal, con relación a la difusión de dicho documental.

El consejero explicó que lo que hizo la unidad fue analizar dicho expediente para completar la investigación sobre esta queja y remitirlo a la sala especializada del TEPJF.

“Es la queja que ya está a punto de concluir la instrucción y es parte de un Procedimiento Especializado Sancionador, y en cuanto concluya la instrucción, se enviará todo el expediente a la sala especializada del Tribunal Electoral”, señaló Nacif Hernández.

Indicó que la litis en este tema es “si hubo o no contratación o adquisición de tiempo en radio y televisión para propaganda política electoral, para eso la sala especializada tiene que decidir si esos spots que salieron sobre el documental eran propaganda de ese tipo”.

Dijo que si la sala especializada llegara a resolver que este tema es propaganda política electoral, entonces sí, el INE vería si tiene implicaciones en materia de fiscalización y se sancionaría la irregularidad como lo marca la ley.

El funcionario electoral también informó que en la sesión de este miércoles se analizaron los gastos de las precampañas del proceso electoral 2018-2019 en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo, así como la extraordinaria en Puebla para elegir la gubernatura y cinco municipios.

Informó que no hay nada extraordinario en la fiscalización de esos recursos, y se hace debido a las precampañas que ya concluyeron, pues en Baja California y en  Veracruz, donde se elegirá la gubernatura, el arranque de campañas será el 31 de marzo, y en el resto de las entidades donde se elegirán diputados locales y presidentes municipales comenzarán a mediados del mes de abril.

Señaló que hay algunos casos de gastos no reportados a la Unidad Técnica de Fiscalización, y que se reportan algunas faltas en lo que concierne a la inclusión de una clave en sus facturas para que el INE identifique el estado, el candidato, y el tipo de elección para la que contienden, pero son faltas usuales en precampañas.

Hay diversos topes de precampaña, pues depende del cargo por el que se está compitiendo; por ejemplo, en el caso de Baja California y de Veracruz el tope para la precampaña a la gubernatura fue de poco más de 30 millones de pesos, detalló.

Otro tema que se presentó en la reunión de la comisión de fiscalización es que el próximo viernes, en la sesión del Consejo General, se propondrá que se abra un oficioso para evitar que en contiendas internas de los partidos políticos para elegir candidatos a puestos de elección popular se comentan irregularidades.

Explicó que la irregularidad consiste en que en los partidos registran una convocatoria para los aspirantes a candidatos, incluso en ella se menciona a quienes van a contender en ese proceso interno, sin embargo, no están registrados como precandidatos.

Hay un caso en Durango, donde la persona fue amonestada por el órgano local electoral por realizar actos anticipados de campaña durante el periodo de las precampañas.

Refirió que el fin de que el INE inicie este procedimiento oficioso es sentar un precedente, porque preocupa que los partidos políticos mediante estas estrategias eludan la fiscalización, ya que a pesar de que tienen precandidatos, al no registrarlos como tal, los apartan de la detección de gastos de la Unidad Técnica de Fiscalización.

“Queremos llegar al fondo de ese caso y, si es necesario, fijar los precedentes que sean necesarios y que permitan establecer incentivos claros para que reporten, sean transparentes y sean auditables”, explicó.

Benito Nacif también indicó que en el tema de cuentas por pagar, continúa el análisis de los adeudos del candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, que representa más de 17 millones de pesos; tanto a Calderón, como a otros candidatos independientes y de partido que contendieron en las elecciones del 1 de julio de 2918, el consejo les dio un plazo para pagar.

Informó que Margarita Zavala ya saldó sus cuentas, pero en el caso de Rodríguez Calderón no responde, y por ello se concluyó que quedaron cuentas por pagar de más de 17 millones de pesos, por lo que el Consejo General ordenó instruir un oficioso.

“El Consejo General ordena instruir un oficioso por aportación de ente prohibido, que se considera como aportación en especie de proveedores, que no pueden aportar a campañas de candidatos independientes, y eso todavía está pendiente, y eventualmente la Comisión lo presentará al Consejo General”, concluyó.

 

JMSJ