Debido a irregularidades y presuntos actos de corrupción al interior de los Ministerios Públicos, desde que comenzó la administración de Ernestina Godoy al frente de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) se han abierto cerca de mil expedientes en la Visitaduría Ministerial y 850 denuncias en la Fiscalía de Servidores Públicos.

Las denuncias fueron abiertas luego de denuncias ciudadanas, mientras que los expedientes fueron iniciados de oficio debido a la evaluación que se realiza al interior de la dependencia a través de comisiones encabezadas por la misma procuradora.

Las comisiones, integradas por diferentes subprocuradores y fiscales de la nueva administración, se dieron cita en cada una de las áreas, agencias y fiscalías que alberga la Procuraduría capitalina, con el objetivo de mejorar la atención de los funcionarios hacía las víctimas de delitos y combatir los actos de corrupción.

Durante una primera etapa de este análisis, se obtuvieron más de 950 expedientes a través de la Visitaduría Ministerial en un periodo de dos meses (diciembre- enero), de los cuales, hasta el momento, más de 50 % han procedido para una posible sanción administrativa contra los funcionarios señalados.

Además, hasta el 21 de marzo se habían registrado 850 carpetas de investigación en la Fiscalía de Servidores Públicos, sobre inconsistencias cometidas por funcionarios de la dependencia, entre ellos posibles actos de corrupción.

La Procuraduría destacó que pesar del acercamiento que han tenido las autoridades con la ciudadanía que acude a las agencias para denunciar algún delito, existen casos de corrupción que no han sido detectados, debido a la falta de denuncia por parte de los afectados, por lo que llamó a alzar la voz.

Cabe recordar el caso del matrimonio que fue despojado de su domicilio en la colonia Álamos, alcaldía de Benito Juárez, por parte de un grupo criminal en febrero pasado, cuyas víctimas aseguraron a 24 HORAS que el Ministerio Público de la Coordinación Territorial BJU- 3 les solicitó dinero para realizar la diligencia correspondiente.

Sin embargo, los afectados no presentaron una denuncia o queja formal ante las autoridades, por lo que dicha versión no pudo ser investigada ni verificada.

LEG