Los más de 300 desplazados por la violencia de los municipios de Leonardo Bravo y Zitlala, Guerrero, a causa de la policía comunitaria abandonaron ayer el plantón que instalaron el 17 de febrero pasado a las afueras de Palacio Nacional.
Ésto luego de firmar un acuerdo con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, por lo que se trasladarán a la localidad de Chichihualco.
Manuel Olivares, director del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, dijo que los acuerdos consisten en la instalación de tres filtros de seguridad por parte del Gobierno federal mientras estén en Chichihualco, con el fin de evitar el ingreso del grupo armado.
En una conferencia de prensa, explicó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) tendrá a su cargo el apoyo emergente para estas 64 familias, por lo que levantarán un censo y ofrecerán ayudas para renta y alimentos; además de que se buscará incorporarlas a programas sociales federales.
También prevé una comisión que evaluará mensualmente los avances que se tengan, integrada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, el Gobierno de Guerrero, la CEAV y el Centro José María Morelos y Pavón.
Advirtió que, en caso de que la administración federal no cumpla los compromisos que se han adquirido regresaran a la plancha del Zócalo.
Olivares destacó que es una medida temporal, con una duración de tres meses, pero la finalidad es que las familias retornen a sus comunidades.
“Exigimos a los diputados y senadores crear una Ley Nacional de desplazamiento forzado o que haya reformas para que sea tipificado como un delito”.
Por su parte, Marlene –una de las afectadas del municipio Leonardo Bravo– dijo a 24 HORAS que el Gobierno les dará una ayuda económica y estiman que sea de tres a cuatro mil pesos para la renta y la canasta básica cada mes.
LEG