Los recientes acuerdos a la Ley General de Salud (LGS), publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en los que se establecen los requisitos, pruebas, procedimientos de evaluación y otros requerimientos con los que deben contar las agencias reguladoras extranjeras, y su debida equivalencia con las condiciones solicitadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), para facilitar el otorgamiento de los registros sanitarios para los medicamentos e insumos de salud importados a México, deben de ser equitativos y considerar también a la industria nacional.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), a través de su Comisión de Salud, reconoce los esfuerzos del Gobierno Federal para optimizar el gasto público en la compra de medicamentos para el Sistema Nacional de Salud (SNS) y hace un llamado a las autoridades para velar por la calidad y seguridad de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos que ingresen a nuestro país.
“La salud y el bienestar de los mexicanos son determinantes para cerrar brechas y promover el crecimiento económico de nuestro país. La calidad, la seguridad y la eficacia deberán de ser siempre los preceptos determinantes en la promoción del acceso a la salud a la población”, afirmó Patrick Devlyn, presidente de la Comisión de Salud del CCE.
Con el nuevo acuerdo de la Secretaría de Salud, se permite simplificar los procesos para la obtención de registros sanitarios de medicamentos y dispositivos médicos extranjeros, de acuerdo al Programa de Precalificación para Medicamentos y Vacunas de la OMS, lo que puede significar un potencial riesgo que podría impactar directamente la salud de los mexicanos si no se vigila de cerca, agregó del representante de la Iniciativa Privada (IP).
Sin duda los programas de la OMS han comprobado ser de gran ayuda para contribuir en el acceso a la salud los países en vías de desarrollo, principalmente. Sin embargo, con la participación de empresas extranjeras y nacionales en la nueva licitación centralizada de medicamentos que se llevará a cabo en durante los próximos meses, la IP mexicana puede enfrentarse a una creciente desventaja competitiva, toda vez que los registros sanitarios emitidos COFEPRIS continúan desarrollándose bajo los mismos preceptos previamente establecidos.
“Simplificar también los procesos para la autorización sanitaria por parte de Cofepris generaría mejores precios y mayor competencia en la industria nacional. Los lineamientos de las autoridades sanitarias mexicanas, han sido reconocidos en América Latina y el resto del mundo gracias a sus altos estándares de vigilancia para la comercialización de productos para la salud. Omitir lo que se ha logrado hasta este entonces, puede impactar negativamente en la salud de los mexicanos”, expresó Patrick Devlyn.
México está a la par de agencias sanitarias internacionales como la FDA en Estados Unidos, INVIMA en Colombia, EMA en Europa en sus procesos regulatorios, obviar las recomendaciones que estas autoridades hacen en términos calidad en los procesos sanitarios, las buenas prácticas de manufactura y las pruebas de equivalencia, significaría un retroceso en los logros que nos han llevado a alcanzar una estandarización internacional de calidad en términos de salud.
La Comisión de Salud del CCE, considera que el diálogo entre todos los actores involucrados será determinante para transformar el sistema de salud mexicano y alcanzar la universalización de los servicios de atención.
La IP reconoce los esfuerzos del Gobierno Federal para eficientar el gasto público apegados a la austeridad republicana. “Lo único que pedimos, es que las reglas del juego apliquen de forma equitativa para todos los participantes. Conforme a las regulaciones estipuladas por Cofepris, un registro sanitario para un medicamento o dispositivo médico, puede tardar, como mínimo, entre 7 meses y un año para ser liberado. Esta situación pone en clara desventaja a la industria nacional”, puntualizó Patrick Devlyn, presidente de la Comisión de Salud del CCE.
JMSJ