Tras haber sido aprobada por mayoría calificada en la Cámara de Diputados, la revocación de mandato que promueve el presidente y MORENA, comenzó a discutirse en la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado. Ahí, la propuesta se topó con una oposición elocuente e incisiva que, esperemos, no se contradiga a la hora de la votación en el Pleno.
Por ejemplo, el neoleonés de Movimiento Ciudadano, Samuel García, cuestionó la minuta enviada por San Lázaro, ya que una revocación de mandato “no la puede solicitar el presidente o el gobernador al que se va a destituir, sino los ciudadanos. Tampoco puede aparecer en las elecciones intermedias (de 2021), eso violaría la equidad” de la contienda.
El panista Julen Rementería también señaló la posible intervención de López Obrador en el proceso de 2021, si se le permite a este ser, al mismo tiempo, presidente y candidato: “Esta propuesta es una intención clara … para incidir en las elecciones de 2021. Él (el presidente) se quejó durante años de las supuestas intervenciones … del Estado en las elecciones, y (su propuesta) sería institucionalizar la intervención del Estado” en estos procesos.
Por su parte, la lógica de Claudia Ruiz Massieu, del PRI, fue contundente: “De aprobarse una revocación de mandato … tendría que entrar en vigor a partir de 2024. Es decir, para un nuevo presidente (y) para los gobernadores subsecuentes. Todo ello, porque los mandatarios que tenemos hoy fueron electos para un periodo constitucional”. En otras palabras, una de las premisas bajo las cual los mexicanos escogimos representantes en 2018 (que su mandato sería de 3 o 6 años, ni más ni menos), se tiraría a la basura.
La propuesta de MORENA está pensada para que el presidente sea la pregunta central en las legislativas de 2021. El dilema ético es que dicha situación beneficiaría a su partido, ya que un MORENA compitiendo sin López Obrador como candidato y movilizador, probablemente perdería atractivo entre los indecisos y, por ende, posiciones en San Lázaro.
El querer cambiar las reglas a medio partido debería ser inaceptable, y más aún, si el equipo que las quiere cambiar tiene más jugadores. Por ello, el argumento de Ruiz Massieu es cristalino: si cambiamos las reglas, que apliquen a partir del siguiente partido, y no durante el actual. La propuesta de MORENA no solo es malintencionada, sino que está mal diseñada: por ejemplo, si López Obrador la perdiera, el Congreso elegiría a su sucesor y México quedaría 3 años en manos de una persona no votada. Una revocación de mandato bien hecha es una herramienta del pueblo para limitar al poder, y no un mecanismo de este para promocionarse desde el único cargo de elección popular que nos representa a todos.
En “Transiciones democráticas: Enseñanzas de líderes políticos” de Bitar y Lowenthal (2016), Ernesto Zedillo cuenta por qué promovió la Reforma Electoral de 1996 que, a grandes rasgos, obligó al PRI a abandonar ventajas “en cuanto al financiamiento, el acceso a los medios de comunicación y la transparencia de los recursos utilizados en las campañas”: “Una de las primeras cosas que dije a mis compañeros … después de las elecciones de 1994 fue que los comicios habían sido legales, nos habíamos conformado a las reglas … Pero las elecciones no fueron justas porque las condiciones de competencia política en México todavía no eran justas”, ya que beneficiaban al partido en el poder.
Al tiempo, la Reforma de Zedillo ayudaría a que el PRI, por primera vez en siete décadas, perdiera la mayoría absoluta en la Cámara Baja; y, posteriormente, abriría paso a la alternancia en 2000. En un triste contraste, hoy López Obrador promueve una revocación de mandato pensada para beneficiar a su partido. ¿Un paso para adelante, dos para atrás?
DAMG