El Gobierno federal todavía no termina de arreglar el tema de la seguridad interior, y de nueva cuenta saltan las chispas en seguridad pública con datos preocupantes que hablan de la arrogancia de las bandas delincuenciales.
Los casos de seguridad pública la semana pasada ocurrieron mientras el Gobierno federal no parecía cuadrar el tema de la Guardia Nacional y se retrasaba en la terminación de su estructura jurídica, legal y operacional, mientras la Policía Federal y la Gendarmería entraron en el hoyo negro de la incorporación al nuevo cuerpo de seguridad.
La principal preocupación de sectores empresariales y sociales afectados por estallamientos de casos escandalosos de seguridad -asesinatos, robos en zonas vigiladas, bombazos- radica en el hecho de que la Guardia Nacional no será suficiente para la ola delincuencial reciente, en tanto que las Policías estatales y municipales siguen rebasadas. Ahí estuvo el caso de una patrulla policiaca que condujo a una persona a cobrar dinero y los dos -persona y patrulleros- fueron asaltados.
La delincuencia al menudeo -es decir: que no responde a crimen organizado- ha puesto en jaque a la seguridad pública. Y si a ello se agregan los homicidios dolosos que son producto del crimen organizado profesional, entonces el país enfrenta una emergencia que debiera obligar a las autoridades de seguridad pública federal y estatales a salir a definir estrategias de emergencia.
El dato mayor se localiza en el aumento de la delincuencia al menudeo en la Ciudad de México, sin que las autoridades locales de seguridad ofrezcan resultados y dejen de culpar a sus antecesores. Y se suman los casos de los estados que cambiaron gobernador el año pasado y las nuevas autoridades morenistas han sido incapaces siquiera de entender la lógica de la delincuencia.
Los delincuentes andan sueltos y las autoridades no saben qué hacer.
Zona Zero
Lo que faltaba: el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, ha sido deficitario en resultados de vigilancia y castigo a los violadores de derechos humanos, y ahora pasa a vetar una designación, la del jefe de la Guardia Nacional, que obedece a un enfoque estratégico militar de seguridad interior.
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